"Fue una audiencia muy importante, porque declaró un trabajador (Emilio García) que era uno de los tres que se desempeñaba en la planta de carga, donde comenzó el incendio. Fue muy preciso sobre cómo se inició el fuego", aseguró Horacio Viqueira, uno de los abogados de la parte querellante.
El letrado insistió en que "el testigo ratificó que el trotyl no se enciende por sí solo" y agregó que "le llamó la atención la fuerza y la magnitud que adquirió el fuego, con fuertes llamas, en pocos segundos", lo que según Viqueira "abona que no fue un hecho casual, sino programado".
Según el abogado, la audiencia de hoy "también sirvió porque, según otro testimonio, el área de ventas de la fábrica había sido relevada de todo lo relacionado con el ingreso y egreso de materiales bélicos, que era manejado directamente por la Dirección de Fabricaciones Militares y por los jefes de la fábrica".
Viqueira recalcó que no tiene dudas de que lo ocurrido en Río Tercero "fue provocado" para ocultar "la venta ilegal de armas" (a Croacia y Ecuador), tesis que sostienen la querella y la fiscalía, desde que comenzó el juicio oral.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, integrado por Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón, seguirá el próximo martes con las audiencias en las que se juzga a los imputados Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto (eran autoridades de la fábrica); Carlos Franke y Edberto González de la Vega (integraban la conducción de Fabricaciones Militares).
Durante el juicio se determinará la situación de los cuatro imputados por la presunta comisión de estrago doloso por muerte de personas, sin que estén incluidos el ex presidente Carlos Menem, y el ex jefe del Ejército Martín Balza, que fueron sobreseídos, aunque dicha resolución fue recurrida y aún no fue resuelta.
Varias veces el fiscal y la querella pidieron que sea juzgado Menem, porque "se demostró su directa intervención en los hechos ilícitos (venta ilegal de armas a Croacia)” que se intentaron ocultar con las explosiones en la fábrica de Río Tercero.
En junio de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) de Capital Federal condenó a Menem a siete años de prisión por ventas ilegales de armas, entre 1991 y 1995, a Ecuador y Croacia, hecho por el cual también se impuso penas a otros ex funcionarios y ex directivos de Fabricaciones Militares.
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