La denuncia del organismo también incluye a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa que investiga contrataciones irregulares con el gobierno de la Ciudad.
Además, Procelac pidió la imputación de la ministra de Salud porteña, Gabriela Mabel Reybaud; y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel".
"Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones S.R.L.' por un monto total de $19.473.878,30" que nunca fueron otorgadas a través del mecanismo de licitación pública", dice la denuncia presentada por el titular de la Procelac, Carlos Gonella, y el coordinador y fiscal ad hoc del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski.
Detalles de la denuncia. Según indica la presentación, publicada en el sitio www.fiscales.gob.ar, "para perfeccionar esta operatoria, se habrían invocado forzosamente razones de 'urgencia', dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa".
En la denuncia, los funcionarios de la Procelac consideraron que Niembro y su socio "podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos", por lo cual solicitaron que la causa que tramita ante el juzgado nacional en lo criminal de instrucción número 23 sea remitida a la justicia federal, y consideraron el caso "como un posible hecho de corrupción con trascendencia institucional".
Asimismo, consideraron que ambos socios fueron "beneficiarios de esos contratos gracias al decreto 556/2010 que ordena que las operaciones impostergables que aseguren servicios esenciales deban llevarse adelante a través de contrataciones directas y así evitar los procedimientos establecidos por la ley 2095 de la ciudad".
Sin embargo, destacaron que tareas como las que se habría encomendado a "La Usina Producciones", como la realización de encuestas o el reparto de folletería "no pareciera" estar encuadrado en ese régimen de excepción, que para el gobierno porteño se "transformó en una suerte de regla inalterable".
En este punto, el escrito apunta que hubo un "apartamiento de la administración porteña del régimen general determinado por la Ley de Compras y Contrataciones" de la Ciudad que "habría respondido a alguna motivación ajena al interés estatal".
Más argumentos de la denuncia. Según consta en la denuncia, los fiscales consideraron la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con el que la Procelac intercambia documentación de manera habitual.
También, los fiscales señalaron que tanto Meza como Niembro "incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama", marca Mercedes Benz y Audi.
La denuncia toma en cuenta además que ambos tienen "una amplia e incuestionable ligazón con el más alto funcionariado de la administración pública porteña", dada su condición de candidatos a diputados nacionales por el PRO, "fuerza que se encuentra en pleno ejercicio del gobierno de la Ciudad".
Asimismo, contempla que "La Usina carecería de empleados a cargo" y "no posee página web" y que sus "dos únicos clientes en sus tres años de existencia habrían sido el gobierno de la Ciudad y el Banco de la Ciudad".
En su denuncia, la Procelac recalcó además que, tal como indica el artículo 96, inciso h de la ley 2095, La Usina “debió haber sido inhabilitada" por el gobierno porteño para "recibir contrataciones por parte del sector público”, debido a una deuda tributaria por el Impuesto a los Ingresos Brutos ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que se encontraría en instancia de reclamo judicial, con una medida cautelar vigente.
Medidas reclamadas. Gonella y Khaski sugieren, entre otras medidas, que el juez interviniente "libere una orden de presentación con allanamiento" contra la Dirección de Compras y Contrataciones porteña para que aporte en "24 horas, los expedientes originales" de los contratos con La Usina".
Además, recomiendan "una investigación patrimonial de cada una de las personas involucradas", la "intervención judicial de La Usina" y estiman "pertinente que se disponga la inhibición general de bienes" de Fernando Niembro y Alberto Meza.
La denuncia recayó por sorteo en el juez Sebastián Casanello y el fiscal a cargo será Ramiro González.
La Procelac denunció a Niembro por lavado
