Algunos siguen adelante en busca de Justicia, otros ya la consiguieron pero continúan alzando las banderas por la seguridad vial. Lo cierto es que ninguno de ellos podrá recuperar a sus seres queridos que perdieron la vida en accidentes de tránsito.
El domingo se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito y, aunque las campañas de concientización aumentan, los casos no disminuyen. En Argentina, los siniestros viales son la primera causa de mortalidad en menores de 35 años y la tercera sobre la totalidad de la población, según la ONG “Luchemos por la Vida”.
“Cuando hablamos de victimas mundiales no nos animamos a poner cifras. Países como Suecia, Finlandia y Holanda tienen números muy positivos en cuanto a índice de muertos por cada millón de vehículos (ver gráfico)”, advierte el capacitador vial de la entidad, Alberto Gasparini.
Y lo atribuye a que el país “es joven” en materia de prevención. “Pero además sufrimos de una enfermedad que se llama anomia y que consiste en no respetar ningún tipo de normas. En el caso del tránsito hablamos de vidas humanas que se mueren todos los días de todos los meses y años por distintas negligencias”, asegura.
Si bien no es optimista ninguna cifra que contabilice fallecidos, las 264 personas que murieron el año pasado en el país mejor posicionado en materia de seguridad vial (Suecia) llevan a preguntarse qué es lo que se hace mal aquí para que el año pasado fueran 7.613 las víctimas fatales.
Porque si bien el territorio y la población argentina son mayores, es cierto que el país nórdico logró reducir en un 50% sus estadísticas de siniestros mortales en los últimos 14 años. Mientras que, los datos de la ONG muestran que en el territorio nacional en las últimas dos décadas el promedio se mantiene entre siete y ocho mil muertes.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en junio a un proyecto para endurecer las penas de los delitos viales en los casos de muerte y lesiones graves. Si bien asociaciones civiles y familiares de víctimas se muestran a favor de esta reglamentación, también apuntan a la concientización para que haya verdaderos cambios de conducta. Para ello, la educación, una mejor infraestructura y un control más eficaz de las autoridades resultan clave.
Tomar conciencia. Un vehículo manejado con imprudencia se convierte en un arma. Así lo demuestran las 21 personas que mueren a diario en siniestros viales y que engrosan la terrible estadística de siete mil que se contabilizan al año, además de 120 mil heridos de distinto grado.
En la región son decenas los casos que se dan a conocer cada año. “Conciencia tienen que tomar todos, el que conduce sabe que no tiene que tomar y los familiares de las víctimas también tenemos que ayudar y poner nuestro granito de arena”, apunta a Info Región María Vega, que el 27 de junio de 2012 perdió a su hijo, Pablo Gallo, en un accidente fatal en el cruce de la avenida San Martín y San Luis, en Rafael Calzada.
El joven de 21 años regresaba en bicicleta de la casa de su primo cuando fue embestido por Ezequiel Penedo, quien fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión efectiva, pero continúa en libertad con motivo de un recurso de Habeas Corpus presentado por su abogado.
“Necesitamos ser conscientes en las cosas cotidianas porque la inconsciencia se lleva vidas. Si en una fiesta alguien toma, es necesario evitar que maneje y lleve gente, lograr que dejar el auto y se tome un remís o simplemente sacarle la llave”, advierte Vega.
Otro hecho reciente que conmocionó a la región fue el del pequeño Uriel, de 8 años, que viajaba con su tío a bordo de una moto cuando, en la esquina de Homero y Tartagal, en Villa Albertina, fueron embestidos por el Peugeot 207 que conducía Carlos Tallión. El hecho sucedió el 8 de marzo.
El nene sufrió diversos traumatismos y, aunque fue operado hace pocos días, aún no se recupera. “Uriel perdió una parte del habla y la verdad no está bien”, lamenta su abuelo, Luis Alfonso, quien reconoce: “Una vez que esto tocó a nuestra familia empecé a interiorizarme más en estos temas que por ahí antes me parecían lejanos. Lo veía en la televisión o en los diarios, y es muy fuerte que hoy nos toque de cerca”.
Luis plantea una realidad que, según Eduardo Bertotti, titular del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), responde a que en Latinoamérica existe una “cultura de fatalidad”. “En forma consciente o inconsciente vemos al siniestro vial como una suerte de visión fatalista, de que es culpa del destino o es culpa del otro. No asumimos responsabilidades en los hechos”, opina.
“Cuando se observan actitudes de riesgo en la calle, como una familia entera arriba de un ciclomotor, o un motociclista haciendo maniobras extrañas y sin casco, se evidencia esa falta de cultura de la prevención”, menciona Bertotti, al tiempo que indica: “Nadie quiere matarse, pero no se percibe el riesgo y ese es un problema cultural. Es como si camináramos todos los días en una cuerda floja”.
Por su parte, la titular de la Asociación Civil Carla Arduini, Norma Bonelli, advierte la importancia de “educar a través de la concientización”. “Educar es enseñar leyes, reglamentos, algo preestablecido, pero concientizar es explicarles a los ciudadanos lo que puede ocurrir si no somos responsables y cumplimos con esas leyes”, explica.
Ella sabe de qué habla, en 2004 sufrió la muerte de su hija Carla en un accidente ocurrido en Lanús. “No importa conocer el número de la ley, no se trata de enseñar eso, es más importante decir qué es lo que puede pasar y qué podés provocar si no cumplís con las normas”,asegura.
Tomar medidas. En junio, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar las penas en casos de muerte en accidentes de tránsito. Se dispondrá, en caso de ser convertido en ley, una pena de 2 a 5 años de prisión al que “por conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un vehículo automotor, causare a otro la muerte”.
Asimismo, la norma castigará con penas de tres a seis años de prisión si el conductor “se diese a la fuga, estuviese bajo los efectos de estupefacientes, con un nivel de alcoholemia igual o superior a 1 gramo por litro de sangre, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 50 kilómetros por encima” de los límites reglamentarios.
Bonelli se mostró “a favor” del proyecto “desde la primera hora”, pero reclama que las penas sean mayores. “Mientras nosotros queríamos que las penas sean de 4 a 8 años de prisión, se cerró de 3 a 6. Así que pedimos que las condenas se rijan por cinco ítems: pasar el semáforo en rojo, conducir alcoholizado, exceder la velocidad permitida, abandonar a la persona e incumplir el artículo 193, que es la ley de Picadas”, precisó la mujer.
Y se quejó de que “hoy no existen datos oficiales” sobre los siniestros. “Los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no manejan cifras por municipio. Sí de lugares con pocos habitantes y tranquilos, pero no de las grandes urbes del Conurbano y si falta eso, falta todo”. “Debería trabajarse en ese sentido también desde el Estado”, sugiere.
Por su parte, Vega considera que “puede haber accidentes, pero lo que no puede existir son crímenes al volante”. “Todo esto tiene que cambiar, hay que renovar un poco los controles, hacerlos más eficientes. Se siguen haciendo picadas y nadie las detiene, cuando todo el mundo sabe dónde y a qué hora se realizan”, advierte.
La seguridad vial no depende de los otros, sino de todos y cada uno. Si se siguen atribuyendo las negligencias o la imprudencia al de al lado y no se mira la conducta propia, tanto en el rol de peatones como en el de conductores, difícilmente podrá mejorarse la situación.