El decreto 256/15 hace efectiva la transferencia de la tarea de las escuchas telefónicas junto "con la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados al Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones".
La medida excepcional dictada por el Poder Ejecutivo, fundada en el hecho de que no funciona el Congreso Nacional, señala que "la Corte Suprema dictará el reglamento de funcionamiento del actual Departamento; dicho organismo estará a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de un año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de cinco años".
Según el DNU, "la presente medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina".
Pide que se dé cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso y a continuación siguen la firmas del Presidente de la Nación y de todos los ministros del Gobierno.
Macri transfirió escuchas telefónicas a la Corte
