El proyecto de ley que prevé introducir modificaciones a la Ley 27.063, Código Procesal Penal de la Nación, ya es analizado en el Senado de la Nación por la Comisión Bicameral de Monitoreo de Implementación del nuevo Código y, en forma conjunta, por la de Justicia y Asuntos Penales, cuyo titular, Pedro Guastavino, explicó a Info Región los pormenores de las modificaciones.
La iniciativa había sido aprobada por el Congreso en 2014, pero el macrismo suspendió su su puesta en marcha. Si bien el jueves, ante el plenario de comisiones, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, admitió que la aplicación definitiva tardará “al menos cuatro años”, señaló que mientras tanto en el país “convivirán ambos sistemas”.
Según detalló a este medio el senador Guastavino, la iniciativa del Ejecutivo mantiene el sistema acusatorio y entre las incorporaciones sobresalen cuestiones referidas a las excarcelaciones, la figura del arrepentido, el agente encubierto, el informante, los mecanismos de vigilancia y los procesos abreviados.
“El Ministro planteó que comiencen a integrarse al Código Procesal Penal modificaciones y leyes que tienen que ver con nuevas técnicas de investigación, sobre todo en casos de delitos complejos, como es el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero, la trata de personas, que son leyes que hemos tratado, tanto en Diputados como en Senado, como la Ley del Arrepentido o las técnicas especiales de investigación, que tienen que ver con el agente encubierto, con el colaborador eficaz, etc”, detalló.
Otro aspecto importante que se busca regular es el de las excarcelaciones. “Hay planteos para limitarlas cuando esto se amerita, a partir de determinados supuestos que tienen que ver con se pueda entorpecer la prosecución de la causa y con que pueda haber posibilidades de fuga”, precisó.
La novedad pasa por la posibilidad de encarcelar a un condenado apenas se conoce la sentencia del tribunal oral, lo que se conoce como prisión efectiva, sin tener que esperar a que la condena quede firme, tal como ocurre en la actualidad.
Además de la restricción de las excarcelaciones, Garavano mencionó la cuestión de las prisiones preventivas y la intención de que "aquellos jueces que condenan a una persona a prisión efectiva por más de tres años, puedan disponer la prisión preventiva para asegurar que esa sentencia tenga aseguramiento, dado que ya hay un tribunal que declaró la culpabilidad de la persona".
“En este caso estamos hablando, sobre todo, de delitos que tienen alguna complejidad. Realmente lo que plantea es que justamente cuando la primera sentencia es prisión preventiva, mantenerla en la medida en que haya elementos concretos de que debe ser así”, indicó Guastavino.
Otro aspecto sensible es el que busca permitir la reapertura de procedimientos, por ejemplo en casos en que un fallo se haya basado en hechos falaces. La normativa actual impide la reapertura de los procesos, con excepción de que la revisión de sentencia sea a favor del condenado.
“Ya comenzamos a hacer los análisis quienes integramos la comisión y esperamos poder tener pronto un dictamen para que pueda ser tratado en el recinto lo antes posible”, señaló el legislador del FpV y ratificó que “el Ejecutivo tiene intenciones de que esto sea aprobado en ambas Cámaras para 2017”.
Cintia Vespasiani
Comienza a tratarse el nuevo Código Procesal Penal
