La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una "asociación ilicita" que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de su fallecido marido, Néstor Kirchner, para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Baéz.
En igual situación y con montos de embargos similares quedaron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ya detenido y procesado ex secretario de Obra Pública, José López; el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti; el ex coordinador de la cartera de Planificación, Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner-, y el también detenido y procesado Báez.
En una extensa resolución de 794 carillas, el juez Ercolini consideró que los nombrados integraron "una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015".
Fundamentos. Para el magistrado "se habría verificado que los procesos licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original".
Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, consideró que "el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos".
La resolución agrega que la asociación ilícita invocada habría estado "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada" de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.
Para el juez Ercolini, el montaje de esa asociación se habría iniciado con "la conversión formal de Báez, amigo de los nombrados Kirchner y Fernández, con el que establecieron numerosas operaciones comerciales, en empresario de la construcción", actividad a la que era ajeno antes del 2003.
"A tal fin, pocos días antes de que Néstor Carlos Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez, junto con dos socios -Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti- formó la firma Austral Construcciones S.A", resume Ercolini.
"En pos de llevar adelante las maniobras del plan primigenio, el mentado ex presidente montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos" añadió.
"Dicha estructura fue mantenida por (la ex presidente Cristina) Fernández tras asumir la presidencia de la Nación con fecha 10 de diciembre de 2007", completó.
La decisión de Ercolini recayó además sobre otros seis funcionarios indagados en la causa, a los que también les adjudicó cometer el delito de "administración fraudulenta agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública" con diversos roles dentro de los "planes delictivos" investigados.
Se trata de los ex funcionarios de vialidad y provinciales Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez, quienes fueron embargados por 2.500 millones de pesos cada uno.
La decisión de Ercolini podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña y como en la causa hay detenidos -Báez y López- podría habilitarse la feria judicial de enero.
Descargo. Tras conocerse la decisión de Ercolini, la ex presidenta lanzó una serie de críticas contra el Gobierno y el juez federal en las redes sociales, en el cual enfatiza que “la asociación ilícita fue una figura creada por las dictaduras para perseguir a dirigentes opositores”.
Esta fue la manera que eligió la ex mandataria para referirse al procesamiento y embargo por 10 mil millones de pesos que le trabó Ercolini.
Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 27 de diciembre de 2016
En un texto que lleva por título “Postales de fin de año”, Cristina describe un panorama de la actual coyuntura en el que se conjugan las inundaciones de Pergamino; la salida del ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay y la situación que traviesa el Poder Judicial.