Una jueza de la Audiencia Nacional de España decretó el lunes el ingreso a prisión sin fianza para los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, investigados por sedición en relación con las protestas que tuvieron lugar en Barcelona ante un operativo contra el referéndum de secesión del 1 de octubre.
El vídeo que Cuixart va enregistrar per si era detingut: 'No perdeu mai l'esperança'https://t.co/6Rmj48cnks pic.twitter.com/bbaMIEpyV8
— VilaWeb (@VilaWeb) 16 de octubre de 2017
La magistrada Carmen Lamela, quien tomó la decisión a pedido de la Fiscalía tras interrogar a los dos activistas por segunda vez en calidad de investigados por un delito de sedición, penado con entre ocho y 15 años de cárcel, entendió que en las convocatorias realizadas por ambas entidades no se hizo un llamado a la manifestación pacífica.
El objetivo era la "protección" de los gobernantes catalanes que estaban a cargo de la logística del referéndum ilegal, mediante "movilizaciones ciudadanas masivas", según la sentencia.
L'1 d'octubre tots junts vam decidir obrir les portes a la llibertat, i la guanyarem!#LlibertatJordis pic.twitter.com/8q4Xpu9V9T
— Assemblea Nacional (@assemblea) 16 de octubre de 2017
Posible intervención. El gobierno español de Mariano Rajoy lamentó que el presidente catalán, Carles Puigdemont, haya decidido "no responder" al requerimiento sobre si declaró la independencia, pero le avisó que todavía tiene la oportunidad de evitar una intervención en Cataluña mediante una rectificación de su posición antes del jueves a las 10 de la mañana (hora local).
"Tiene la oportunidad de decir que no debe revocarla porque no la ha declarado", aseguró la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en conferencia de prensa en el Palacio de La Moncloa, sede del Ejecutivo, al valorar la carta que Puigdemont envió a Rajoy.
En su misiva, enviada poco antes de que venciera el primer plazo del ultimátum del Ejecutivo central, que le urgió que aclarara si había declarado la independencia de Cataluña o no, Puigdemont mantuvo su ambigüedad adjuntando su intervención del 10 de octubre en el parlamento regional, y ofreció abrir una negociación durante dos meses para llegar a una "solución acordada".
Durante su intervención parlamentaria, el líder secesionista dijo que asumía el mandato del pueblo catalán para declarar la independencia, pero al mismo tiempo pidió la suspensión de esa decisión para abrir una negociación con el Ejecutivo.
Ahora reitera que esa suspensión del "mandato político" surgido de las urnas en el referendo del 1 de octubre, que fue favorable a la secesión, demuestra la "firme voluntad" de su gobierno "de encontrar la solución y no el enfrentamiento". "No resulta creíble para nadie que el señor Puigdemont haga un llamado al diálogo al gobierno cuando se lo ha negado a los grupos de la oposición en el parlamento catalán, y ha hecho una política de hechos consumados", dijo Sáenz de Santamaría. "Invitamos al señor Puigdemont a debatir donde se debaten los grandes temas del país. Tiene una última gran oportunidad de dialogar. Nada le niega el diálogo, pero este tiene que hacerse dentro de la ley, con la máxima claridad, y en donde reside la soberanía, en el Congreso de los Diputados", añadió la vicepresidenta.