A pesar de la creciente lucha de las mujeres en los últimos años para obtener igualdad de derechos y combatir la violencia machista, los números de femicidios no muestran resultados optimistas. Según el último relevamiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), en 2017 hubo 298 femicidios, es decir una mujer asesinada cada 29 horas por su condición de género. “Estamos hartas de contar muertas”, expresó a Info Región Raquel Vivanco, coordinadora de la organización.
“Las cifras nos dicen que sigue sin ser una prioridad para el Estado y para el Gobierno nacional la problemática relativa a la violencia contra las mujeres. No están disminuyendo los femicidios, sino por el contrario”, aseguró Vivanco, que también es presidenta del Observatorio “Ni Una Menos”, que llevó adelante el recuento de casos a partir de medios gráficos y digitales de comunicación.
Desde Mumalá critican la cantidad de partidas presupuestarias destinadas a la problemática así como de políticas públicas en materia de violencia de género. “Los femicidios siguen en aumento y el presupuesto sigue decreciendo”, criticó Vivanco.
Y aclaró que, al margen de la partida destinada este año al Instituto Nacional de las Mujeres que “no está desagregada” en la ley, el Estado “también debería llevar a cabo campañas de sensibilización y promover el acceso igualitario a las mujeres a un empleo digno”.
Los altos niveles de pobreza, aseguró la referente de MuMaLá, afectan a la mujer en particular ya que “muchas veces la falta de autonomía económica impide que puedan resolver la situación de violencia que viven cotidianamente dentro de sus hogares”, teniendo en cuenta que, según el relevamiento, el 90 por ciento de los femicidios fueron cometidos por hombres conocidos o cercanos a la víctima.
Por esto, consideró necesaria la existencia de “subsidios que le permitan a las mujeres tener autonomía económica del agresor”, y que “se active un entramado de contención y acompañamiento” cuando las mujeres denuncian.
“Necesitamos que se apliquen las leyes que plantean el abordaje interdisciplinario e integral ante las situaciones de violencia y que exigen un patrocinio jurídico gratuito y especializado” reclamó Vivanco, ya que según los datos obtenidos por el Observatorio “el 18 por ciento de las asesinadas habían denunciado y el 12 por ciento incluso tenía medidas de protección dictadas por la Justicia”. “Pero el Estado no les garantizó ni su seguridad ni su vida, por lo que fueron femicidios evitables”, aclaró Vivanco.
En ese sentido, pidió que la Justicia “asuma su responsabilidad”. “No puede desmerecer las situaciones que estas mujeres plantean como peligrosas para su vida”, resaltó y apuntó: “Para que las mujeres que hicieron la denuncia no vuelvan a ser violentadas y asesinadas, el Estado se tiene que hacer presente a partir de distintos recursos que ya están planteados en las leyes vigentes”.
Es por esto que consideró que los datos relevados “siguen hablando de la negligencia del Estado” y de “la falta de políticas públicas” para revertir esta problemática que afecta a mujeres de todo el país.
¿Cómo revertir esta situación? Vivanco dejó en claro que para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y “la forma más extrema de violencia”, que es el femicidio, ya existen “leyes acorde” pero resaltó que “falta aplicarlas”. Esto incluye la ley 26.485 y el logro de establecer la mediación de violencia de género como un agravante del homicidio.
Aun así, todavía queda un camino muy largo por delante. “Una de las leyes importantes que debe sancionar el Congreso es la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, porque allí también hay muertes evitables de mujeres”, señaló e indicó que son “más de cien por año y 3 mil desde la vuelta de la democracia”.
Otra iniciativa que Vivanco consideró fundamental para combatir el flagelo de la violencia machista es que se ponga en uso una pulsera magnética para controlar a los agresores en lugar de a la víctima. “Muchas veces depende de apretar un botón anti pánico que no funciona o no llega a tiempo”, señaló.
Por otro lado, la “transformación cultural necesaria para evitar la violencia”, según la coordinadora de MuMaLá, vendría de la mano de la sanción una ley que multe el acoso callejero a nivel nacional, ya que “es una de las formas de violencia más extendidas y naturalizadas por la sociedad” al “cosificar y quitar la condición de humanas a las mujeres”, lo que contribuye a que “se expresen otras formas de violencia más graves”.
Martina Jaureguy
“Estamos hartas de contar muertas”
