El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aclaró que Valentín Díaz Gilligan "hizo lo que tenía que hacer, que era presentarse ante la Oficina Anticorrupción con documentación, y ahora hay que esperar unas pocas horas hasta que la OA plantee si hubo alguna razón que justifique la renuncia".
En declaraciones a radio La Red, el ministro advirtió que el Gobierno nacional "no va a apañar a nadie", pero "tampoco va a prejuzgar".
"No es un tema tan complejo y se va a resolver en los próximos días. Es un hecho que sucedió hace muchos años y no están involucrados recursos de la gente", recalcó, aunque agregó que el hecho "amerita una investigación".
"El presidente (Mauricio Macri) ha sido claro sobre esto: no estamos para apañar a nadie y queremos que la ley se cumpla. Si ocurrió un hecho que la OA entiende que no se corresponde con lo que tiene que hacer un funcionario público va a tener que dar paso al costado", aseguró.
21F. En otro orden, aseveró que el referente del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, “tiene que presentarse ante la Justicia y explicar el origen de los fondos”, en relación a las denuncias en su contra.
En ese sentido, remarcó que la convocatoria a la movilización del miércoles responde a un interés “personal” del gremialista. “Es una marcha que tiene como principal impulso un tema personal de un dirigente sindical que entiende que no tiene que ser igual que cualquier otro ciudadano frente a la Justicia", manifestó.
"Si tiene tranquilidad con respecto a este tema no hay de qué preocuparse porque a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en esta Argentina de hoy no se persigue a nadie", apuntó Frigerio en declaraciones a radio La Red.
El funcionario consideró que bajo la conducción del Gobierno de Cambiemos son “todos iguales ante la ley, desde el Presidente hasta cualquier dirigente sindical”. "Acá no es que si junta mucha gente en la marcha no va a tener que ir a declarar a la Justicia. Esto, en esta Argentina del cambio no pasa más”, resaltó.
Semanas atrás, el juez federal de Morón, Néstor Barral, dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario para el líder de Camioneros y su hijo Pablo, entre otros familiares.
La medida había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal y el juez se la notificó el 29 de diciembre al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), confirmaron a la agencia estatal Télam fuentes del caso.
El expediente se originó en una denuncia en la que se señaló que Moyano habría adquirido dos viviendas en Parque Leloir de manera irregular e incurriendo en el delito de lavado de dinero.
"El Gobierno no va a apañar a nadie"
