La Defensoría también pugnó por un tratamiento legislativo del aborto


Luego de que las voces de miles de mujeres se hicieran escuchar este lunes frente al Congreso y de que varias asociaciones insistieran en la necesidad de instalar el debate por el aborto legal, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense se hicieron eco de la situación y pidieron al Ejecutivo abordar la discusión.

Desde la Defensoría creemos que la sociedad argentina está suficientemente madura para abordar un tema de esta importancia”, apuntó en diálogo con Info Región el defensor del pueblo adjunto Walter Martello.

En ese sentido, consideró que la ley es “una deuda pendiente de la democracia”. “Llama la atención que en un país como Argentina, que incursionó muchísimo en las últimas décadas en el ejercicio de nuevos derechos, no se haya dado un tratamiento legislativo de esta índole”, cuestionó.

Por otro lado, instó a la sociedad a “terminar con la hipocresía” para dar tratamiento al tema y señaló cuestiones “religiosas” y de “estigmatización” como las razones principales de la resistencia. “Argentina debe tener su debate legislativo, como se hace en otros países”, sostuvo.

En ese marco, resaltó la necesidad de “brindarle a las mujeres un ambiente de salubridad acorde” y recordó que “la gente con menos recursos es la más afectada”, debido a que recurre a lugares que carecen “de las condiciones de higiene” adecuadas.

“Una ley así le haría muy bien a la Argentina desde el punto de vista de garantizar el derecho a la salud a las mujeres que tomen una decisión de esas características”, concluyó.

Este viernes, en tanto, el Gobierno hizo saber que habilitará la discusión. Así se acordó en Casa Rosada durante la primera reunión de coordinación de la agenda parlamentaria de 2018, de la que participaron el jefe de Gabinete Marcos Peña y las principales figuras del oficialismo en ambas cámaras.

Más precisamente, Peña le indicó a los jefes parlamentarios de Cambiemos que el Gobierno "no va a obstaculizar" la discusión del tema.

Aumento de los servicios. En otro orden, el secretario adjunto de la Defensoría provincial consideró que “hay un criterio equivocado en el tratamiento de las tarifas” y apuntó contra el Gobierno por “no seguir las sugerencias de la Corte”.

Según estimó, el Ejecutivo “debería tener razonabilidad respecto al ingreso de los ciudadanos”. “Hay una enorme diferencia entre los porcentajes de aumentos de tarifas que se manejan y lo que percibe la gente. Los incrementos deberían ser vinculantes”, remarcó en relación a que, en muchos casos, el aumento de tarifas “supera ampliamente los aumentos de salario”.

En tanto, calificó a las audiencias públicas convocadas por el Gobierno para debatir las tarifas como un “modo de catarsis” debido a que “los argumentos jurídicos y políticos se dan en un ámbito de convalidación del aumento”.



LGO de la Redacción de Info Región