Una inspección judicial realizada en una cárcel de Córdoba realizada por el titular de la Procuraduría sobre violencia Institucional, Abel Córdoba, comprobó la existencia de dos camastros de hierro y diecisiete cadenas que serían utilizadas como elementos para ejercer castigos físicos en los internos.
“En el hospital del penal se comprobó la existencia de dos camastros de hierro y 17 cadenas de unos setenta centímetros cada una", informaron fuentes oficiales que señalaron que esos elementos "eran utilizados para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención por malos tratos que recibían durante las requisas”.
El fiscal Córdoba confirmó que la visita a la cárcel fue realizada con el consentimiento de las autoridades del penal, a pesar de lo cual la ministra de Justicia de la provincia, Graciela Chayep, denunció al fiscal por haber ingresado "irregularmente". "Para ingresar a una cárcel para hacer una inspección, no se necesita una orden de allanamiento", aclaró Córdoba.
El funcionario explicó que en la cárcel de San Martín recibieron "muchísimos testimonios de detenidos que con mucho temor contaron sus padecimientos y hablaron del método que allí se aplica". "Cuando protestan por alguna razón o hacen planteos ante los guardias, son golpeados y los llevan arrastrando hasta el hospital del penal, donde los amarran con cadenas a camastros de hierro", agregó.
Las cadenas fueron retiradas y entregadas a la Fiscalía Federal de la provincia para que tome intervención en el caso.
Por su parte, el espacio Justicia Legítima manifestó hoy su “preocupación” ante la “seria sospecha de que estén siendo violados derechos humanos elementales” en la cárcel.
“Frente a un suceso que, por los elementos encontrados y los testimonios recogidos, que hoy tomaron estado público, genera la seria sospecha de que en dicho establecimiento penitenciario estén siendo violados derechos humanos elementales”, sostuvieron desde el espacio.
Justicia Legítima de Córdoba, un espacio que reúne a jueces, fiscales, funcionarios de distintos estamentos del Poder Judicial, sindicalistas, académicos, intelectuales y referentes sociales, instó en un comunicado a que “los graves hechos detectados sean investigados seriamente y no cubiertos con una estrategia que pretenda dirigir la mirada de la sociedad hacia el denunciante”.
Hallaron elementos de tortura en una cárcel de Córdoba
