El Senado aprobó un proyecto para penar a clientes de trata


La Cámara de Senadores aprobó y envió a Diputados un proyecto de ley que modifica el Código Penal para imponer la pena de prisión de uno a cuatro años a quienes utilicen los servicios sexuales de víctimas de trata de personas.

La iniciativa que obtuvo 41 votos a favor y una abstención pena con prisión de uno a cuatro años a quienes utilicen o procuren servicios sexuales de una persona sabiendo que es una víctima de trata.

Además, las penas serán de cuatro a seis años de prisión cuando el cliente se valga de abuso de autoridad, amenaza o como recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima; cuando sea ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

La misma pena le cabría a los clientes que fueran funcionarios públicos o miembros de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

La pena sube de cinco a diez años cuando la víctima fuera menor de 18 años y de seis a quince años, cuando la víctima sea menor de 13 años. La iniciativa es autoría de los senadores Aníbal Fernández (FPV); Graciela Di Perna (Peronismo de Chubut) y Sonia Escudero (Peronismo Disidente).

Fernández recordó que el delito de trata “tiene tres patas: la víctima, el reclutador y el que paga por ese servicio”. En tanto, Escudero recordó el caso del intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, Carlos Villalba, quien fue encontrado en un prostíbulo allanado por la policía ante una denuncia de trata de personas, afirmando que con la ley que hoy fue sancionada en el Senado debería haber ido preso.

“El intendente fue destituído. Pero no fue inhabilitado y ahora es candidato de nuevo”, informó la legisladora salteña. La norma fue respaldada por el oficialismo y por la oposición, y sólo se abstuvo de votarla la cordobesa Norma Morandini, del Frente Amplio Progresista, quien se justificó diciendo que durante el debate en comisiones “no se escucharon a todas las organizaciones contra las víctimas de trata.