Scioli decretó la emergencia en seguridad en la Provincia


El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, decretó ayer, entre otras medidas, la emergencia de seguridad en la Provincia por un periodo de 12 meses.

"No hay ninguna ley, ningún decreto, que resuelva por sí sola el problema y, los que dicen eso, le están mintiendo a la sociedad", aseguró Scioli al anunciar la declaración de la emergencia en seguridad en la Provincia.

Además, el mandatario anunció una veintena de medidas en las que se combinan iniciativas legislativas, inversiones en infraestructura y equipamiento, incorporación de efectivos a la Policía Provincial, y descentralización de la justicia.

Scioli, que realizó la presentación acompañado por todo su gabinete y por autoridades policiales, dedicó un párrafo especial para pedir "colaboración a las fuerzas políticas" y reiteró que "por la dinámica delictiva actual" la problemática merece un abordaje multicausal ya que "el tema no se resuelve con una sola ley o decreto".

"No podemos seguir discutiendo entre nosotros, con mezquindad y egoísmo mientras mueren inocentes", dijo Scioli en relación a los debates políticos y convocó a "todas las fuerzas políticas sin distinción de banderas" a "colaborar y a no confrontar".

Además, convocó a sesión permanente del Consejo Provincial de Seguridad Pública, a la Mesa de Justicia, y a la Federación Argentina de Municipios.

Por otra parte, reflotó la necesidad de debatir "seria y profundamente" un nuevo régimen penal juvenil, señalando que la actual normativa "emanó de la Dictadura y que ha sido cuestionada por la Corte Suprema y la Corte Interamericana". También fijo la posición del gobierno provincial respecto de consumidores de drogas como un problema de salud pública y pidió focalizar los esfuerzos a la lucha contra el narcotráfico.

En esa materia anunció la creación de 10 fiscalías descentralizadas y de un cuerpo especializado en inteligencia financiera y patrimonial, que facilite la tarea de congelamiento de los activos de los narcotraficantes. "Pedimos a la Justicia que se aceleren los procesos abiertos contra los sospechosos cabecillas del narco", agregó.

La declaración de Emergencia, implica "la convocatoria inmediata del personal retirado de la Policía y del Servicio Penitenciario", que sumarán -según las estimaciones oficiales- a cerca de 5.000 efectivos durante los próximos meses. "De esta manera buscamos agilizar la utilización de recursos humanos y económicos que nos permitan fortalecer la logística al combate frontal contra el delito", señaló.

Además, recordó que a fin de año egresarán 10.000 nuevos agentes y pidió el tratamiento legislativo de la ley que crea las policías comunales y anunció que se buscará que "40.000 agentes privados" se sumen "a la red de prevención con la obligación de coordinar con la Policía ante cualquier situación de riesgo".

Anunció también la creación de ocho alcaldías para descomprimir la situación de las comisarías y de cuatro nuevas unidades penitenciarias para 2000 internos.

Entre otras medidas anunció la implementación del botón de alerta para celulares, la descentralización del 911, y la creación del anillo digital de lectura de patentes para detectar vehículos robados.

Un párrafo particular se le dedicó a la implementación de medidas contra la modalidad de moto-chorros que implicarán "restricciones de horarios y zonas de circulación sin acompañantes en las motos y el uso obligatorio del chaleco reflectante y casco con patente para acompañantes".