Los pasillos del Pozo de Banfield aún guardan los gritos desgarrados, las historias de terror, las torturas, el llanto de los recién nacidos y los de esas madres a quienes se los arrancaban de las manos, los relatos de solidaridad entre detenidas para que las mamás se alimentaran y poder amamantar así a sus hijos. A 38 años del Golpe, ese edificio sigue esperando que se abran sus puertas para invitar a la comunidad a la reflexión y la memoria.
El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora aprobó un proyecto de pedido de informe a la Justicia sobre la situación del centro clandestino de detención y exterminio, también conocido como “La Maternidad”.
El pedido de informe solicita al juez subrogante Manuel Humberto Blanco, del Juzgado Federal N° 3 de La Plata información sobre el Pozo para que se habilite las partes del edificio que ya no son objeto de investigación.
“Se le presentó un proyecto de comunicación al juez que tiene la causa para que se pueda disponer de los espacios que ya no son objeto de investigación”, explicó la concejal del Frente para la Victoria, Vanesa López, en diálogo con Info región. “Los organismos de Derechos Humanos y mismo el Estado nacional, provincial y municipal tienen que hacer uso de las instalaciones de estas aberrantes instituciones”, acotó.
La directora de Derechos Humanos de Lomas de Zamora, Nilda Rapari de Lencina, aseguró que “poquito a poquito las cosas se van dando”, quitándole un poco la ansiedad al tema. 
El 16 de septiembre de 2010, el Pozo de Banfield fue declarado Centro para la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el marco de un acto que contó con la presencia de la entonces secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, quien murió dos años después. Esta señalización, a partir de pilotes emplazados en el frente del edificio de Vernet y Siciliano, se registraba cuatro años después del inicio del trámite del Ministerio de Seguridad para que pasara a la órbita de Derechos Humanos.
Coca, viuda de Héctor Lencina, asesinado en la Masacre de Pasco, destacó que el día en que la Justicia decida que se puede intervenir en el Pozo, “se pondrá en funcionamiento por la vida”. “Queremos iluminar, pintar murales porque tenemos que buscar la vida, devolver la vida de nuestros compañeros”, destacó, quien precisó que la idea es que allí funcione la dirección de Derechos Humanos, un museo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y se realicen actividades culturales porque “la cultura es la música, la vida, la reivindicación por todos los que estuvieron ahí”.
El Pozo fue uno de los centros de detenciones más importantes de la provincia de Buenos Aires, pertenecía a la Brigada de Investigaciones de Banfield y dependió del Regimiento de Infantería Mecanizada N°3, enmarcado en el denominado Circuito Camps. El predio también era conocido como “La Maternidad de la dictadura” porque un gran número de mujeres embarazadas detenidas fueron trasladadas y dieron a luz en ese lugar.
El lugar estaba regenteado por el médico policial Jorge Antonio Bergés, quien, en su condición de médico policial dependiente de la Dirección General de Investigaciones, se encargaba de verificar el estado de las embarazadas, así como brindar asistencia a los detenidos que eran gravemente golpeados durante las sesiones de tortura. Cuando llegaba el momento del parto, las mujeres daban a luz en una camilla ubicada en una sala del primer piso del edificio que funcionaba como enfermería, esposadas a la camilla. Una vez nacido el bebé, era arrancado de los brazos de la mamá, que era regresada a su celda.
Piden informes a la Justicia para utilizar una parte del Pozo
