La jefa de Estado vinculó el cierre de la imprenta, que permaneció en conflicto durante la semana, a intereses de los fondos buitre.
Desde Casa de Gobierno, Cristina Fernández de Kirchner anunció que se denunció a la imprenta Donnelley por "alteración al orden económico y financiero", en lo que sería el primer caso de aplicación de la Ley Antiterrorista.
“Este gobierno jamas impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Son leyes para proteger a los argentinos", indicó.
La mandataria sostuvo que el "60% de los accionistas de la imprenta son fondos de inversión, de los cuales, uno de ellos estuvo vinculado" con NML Capital, de Paul Singer.
"Estamos bajo un intento fraudulento y de atemorizar a la población acompañado también por ciertos medios que se plegaron a la maniobra y que anunciaban que los trabajadores se quedaban en la calle", apuntó la jefa de Estado
Y, enfatizó: "Conmigo de Presidenta, de rodillas, a nosotros no nos van a ver".
El Gobierno denunció a Donnelley por "alteración del orden financiero"
