Julián Álvarez criticó a "empresarios pícaros que no quieren reglas"


El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, se refirió a los proyectos presentados por el Ejecutivo y marcó que la intención es "no solamente defender los derechos de los consumidores, sino también a los empresarios" y agregó que "el objetivo central es establecer reglas claras".

Asimismo, Álvarez indicó que "hoy no hay reglas claras en relación al consumo" y explicó que se intenta "reducir todo al fuero del consumidor, para que haya jueces específicos que dicten sentencias estableciendo los precedentes para que los empresarios sepan específicamente cómo desenvolverse en cada uno de los casos".

En cuanto a la nueva ley de abastecimiento marcó que "era una ley de 1974, nosotros lo que hicimos fue simplemente actualizarla".

"Nos llama la atención porque la mayoría de las críticas son sobre textos legales que ya existían y estaban vigentes en la Argentina, no sobre textos legales que estamos modificando", aseguró el secretario de Justicia.

Y explicó que fundamentalmente se están "actualizando multas" y "dando facultades a la Secretaría de Comercio en imponer multas mayores, pero a la vez estamos derogando todo lo que es de tipo penal".

En este sentido, Álvarez consideró que "siempre hay algunos empresarios pícaros que prefieren no tener reglas para poder hacer lo que quieran, pero bueno, contra eso, mucha discusión no puede haber" al tiempo que marcó el "oportunismo político de algún sector de la oposición que intenta tirar la pelota afuera de la cancha directamente".

Finalmente se refirió a la ley Antiterrorista y criticó que "distintos sectores opinaban que esto iba a ser aplicado contra los trabajadores, o para generar algún tipo de normativa excluyente contra un sector vulnerable de la sociedad" y aclaró: "Nosotros estamos demostrando que eso no es así".

"Se está aplicando contra una empresa, un sistema de inversión como son los fondos buitre, porque la ley dice específicamente que se agravarán las penas, los tiempos penales, las sanciones penales, contra actos de determinados grupos o sectores que atraviesen o que obliguen al gobierno nacional a hacer determinada actividad".