Dos testigos manifestaron hoy que las autoridades de la Fábrica Militar de Río Tercero ordenaron retirar un camión que siempre estaba estacionado en las inmediaciones del lugar la noche anterior al 3 de noviembre de 1995, lo que según los abogados querellantes sirve para probar que la explosión, que ese día produjo siete muertos y más de 300 heridos, fue provocada intencionalmente.
"Fue muy importante el testimonio de Sergio Moingallart, un vecino que vivía a unos metros de la fábrica y que trabajaba para una empresa de transporte de combustible, razón por la cual siempre estacionaba un camión, con la inscripción de YPF, en las inmediaciones de la planta", aseguró Aukha Barbero, uno de los abogados querellantes.
El letrado insistió en que el testigo "ratificó que la noche anterior, a eso de las 22, llegó un suboficial de la fábrica, de apellido Corral, que, por primera y última vez, le dijo que, por razones de seguridad, no debía dejar el camión allí".
Barbero agregó que, seguidamente, declaró el propio "suboficial Roberto Rubén Corral, que expresó que el entonces subdirector de la fábrica, que ese día estaba a cargo, (Oscar) Quiroga (murió en 2012), le dijo que fuera a verificar, porque había un vehículo mal estacionado en la calle Arenales y había que retirarlo".
"Estos testimonios ratifican que la conducción militar de la fábrica tuvo intervención en lo que sucedió a la mañana siguiente. En caso contrario, cómo se explica que el camión, que siempre era estacionado allí, la noche anterior fuera retirado. Eso no fue casualidad", enfatizó el abogado.
De acuerdo con Barbero estos testimonios "ratifican la tesis de la querella", según la cual "la explosión respondió a un hecho programado, efectuado con la intención de ocultar la venta ilegal de armas a Croacia".
Cómo sigue el juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 2 de Córdoba, integrado por Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón, continuará el próximo martes con las audiencias en las que se juzga a los imputados Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto (eran autoridades de la fábrica); Carlos Franke y Edberto González de la Vega (integraban la conducción de Fabricaciones Militares).
Durante el juicio se determinará la situación de los cuatro imputados por la presunta comisión de estrago doloso por muerte de personas, sin que estén incluidos el expresidente Carlos Menem y el exjefe del Ejército, Martín Balza, que fueron sobreseídos, aunque dicha resolución fue recurrida y aún no fue resuelta.
Varias veces el fiscal y la querella pidieron que sea juzgado Menem, porque "se demostró su directa intervención en los hechos ilícitos (venta ilegal de armas a Croacia)" que se intentaron ocultar con las explosiones "provocadas" en la fábrica de Río Tercero.
En junio de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) de Capital Federal condenó a Menem a siete años de prisión por ventas ilegales de armas, entre 1991 y 1995, a Ecuador y Croacia, hecho por el cual también se impuso penas a otros ex funcionarios y exdirectivos de Fabricaciones Militares.
Explosiones en Río Tercero: Testigos declararon en contra de militares
