La Cámara de Senadores debatía -al cierre de esta edición- el proyecto de ley de Argentina Digital que impulsa el Poder Ejecutivo y cuyo objetivo es “declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados”.
La iniciativa busca garantizar la “completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso” de todos los argentinos “a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas”.
El debate del proyecto fue suspendido dos veces en noviembre, ya que el oficialismo le introdujo varios cambios al expediente que comenzó a ser debatido en el recinto de sesiones de la Cámara alta minutos después de las 16.
El debate. La presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, la kirchnerista jujeña Liliana Fellner elogió que el proyecto busque que la “convergencia” de todos los servicios conduzca a “una transformación de la actividad y de los servicios que antes se daban de forma separada y hoy se dan en conjunto”.
“Ese objetivo se basa en un concepto fundamental que es el derecho humano a la comunicación”, refirió Fellner al abrir el debate. La senadora fue la primera oradora de un debate que tiene una veintena de oradores anotados para hablar, por lo que el proyecto se estaría votando alrededor de las 22.
La iniciativa, que de ser aprobada pasará a Diputados para su sanción definitiva, cuenta con el apoyo del Frente para la Victoria y de sus aliados, por lo que su aprobación se da por descontada.
La oposición, en cambio, anunció que votará en contra del proyecto. El radical correntino Eugenio Artaza, por ejemplo, dijo que “las pymes que miran con preocupación cómo esta ley les permitirá a las grandes telefónicas utilizar las redes de fibra óptica tendidas por los cables locales, mientras que los grandes grupos sólo tendieron cables de cobre”.
El proyecto. De acuerdo con la última corrección, el proyecto, que está a punto de convertirse en ley, pretende “declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados”, garantizando la “completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso” de todos los argentinos “a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas”.
La iniciativa reemplaza un decreto ley de 1972, firmado durante la dictadura del general Alejandro Lanusse, y tiene como objetivo apuntalar la competencia entre empresas de servicios, dado que una firma pyme o una cooperativa que provee internet podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga infraestructura propia.
Por ello, los clientes podrán elegir al prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia al hogar.
Asimismo, se establece que para el Estado argentino las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) resultan fundamentales para el desarrollo social y por ello debe garantizarse su acceso para todos los ciudadanos sin importar condiciones geográficas o socioeconómicas.
Argentina Digital, el debate en el Senado
