El FpV reclama la implementación del Boleto Estudiantil a Vidal


La implementación del Boleto Estudiantil en la provincia de Buenos Aires, sancionado en julio del año pasado, se retrasa por un aspecto esencial: pese al respaldo unánime de los legisladores aún no existe un estudio exhaustivo de cómo debe operativamente aplicarse esa ley, algo que según la Justicia debería haberse explicitado antes de la sanción. Desde el propio oficialismo, de hecho, habían apuntado a Info Región ya en abril que la ley, tal como fue aprobada, es "de imposible cumplimiento en términos fiscales".

Es por eso que, a fines del mes pasado, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 11 de La Plata exhortó a las partes interesadas a avanzar en una reglamentación acorde que habilite la puesta en vigencia, a más tardar, en septiembre.

La ley 14.735, de Boleto Especial Educativo, genera un conflicto entre los estudiantes y el Ejecutivo bonaerense y es tomado como bandera por el kirchnerismo, desde donde aprovechan para achacarle a la gobernadora, María Eugenia Vidal, que “hoy la educación en la provincia de Buenos Aires no es prioridad”.

“Esto no es un reclamo porque los legisladores el año pasado nos dimos cuenta de que podía ser necesario, nuestra propia historia está cruzada por este debate. Nos pusimos todos de acuerdo en la Legislatura, en un momento histórico, por lo que no entiendo por qué la Gobernadora tira para atrás la vocación política de llevar adelante el Boleto Estudiantil”, disparó la senadora bonaerense del kirchnerismo Cecilia Comerio a Info Región.

En la última audiencia, la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 11 de La Plata, María Cecilia Valeros de Corica, había exhortado a Vidal a aportar los datos necesarios para reglamentar la norma, estableciendo una nueva citación para el 5 de agosto entre las partes: la Provincia y la Federación Universitaria de La Plata (FULP).

“Me da mucha pena que sea una jueza la que le diga a Vidal que tiene que implementar el boleto. Ya los pibes se lo dicen desde marzo en la calle, se lo están pidiendo los legisladores y los distintos espacios políticos. Hay que ponerse a laburar sobre el tema y en función de eso encontrar las respuestas, no seguir poniendo excusas y trabas”, disparó Comerio.

Lo cierto es que la Justicia sostiene que resolver la implementación de la ley sin establecer, por medio de su respectiva reglamentación, con qué mecanismos se llevará adelante, generará complicaciones operativas al momento de la aplicación. Así, el 5 de agosto es el plazo último para que las partes se pongan de acuerdo respecto de esto y se pueda llegar a septiembre con la ley en vigencia.

“La Justicia hizo una recomendación a la implementación, pero nuevamente los empleados del Gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que manifestaron es que no estaban en condiciones de poder implementarlo. Nosotros creemos que ya no hay más excusas ni reclamos que puedan expresarnos porque la normativa ya está presupuestada y es una ley que fue aprobada por el consenso de todos los sectores políticos de la Provincia”, señala la senadora.

En ese marco, asegura que confía en que el Ejecutivo llegue a la primera semana de agosto “con la propuesta de cuándo, cómo y de qué forma lo va a llevar adelante”. “Este es un momento importante para hacerlo porque las familias están en una crisis económica, al punto de que algunas no puedan pagar la luz ni el gas ni garantizar un plato de comida todos los días”, indicó.

Así las cosas, en poco más de dos semanas, las partes –que en la última audiencia fueron representadas por el subsecretario de Transporte Provincial, Juan Ezcurra; el vicepresidente de la FULP, Fermín González Laria y los asesores legales de ambos- deberán llevar la información requerida por la jueza y argumentar sobre los avances al respecto.

Cintia Vespasiani