La Reforma electoral impulsada por el Gobierno de Cambiemos parece, a todas luces, ambiciosa: la implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE) y los cambios en las PASO, que serían de fórmula abierta y habilitarían el voto sólo para una interna, son los puntos salientes de esta primera etapa. No obstante, desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que participa de los debates en el Congreso y colabora en el proyecto, advierten que no se abordan temas prioritarios, como el financiamiento de los partidos políticos y la especificación sobre la contratación de los equipos y la realización de auditorías y controles en caso de implementarse la BUE.
Si bien desde el Gobierno habían advertido que el tema del financiamiento de las campañas, el límite a las reelecciones indefinidas y la autonomía de la Dirección Nacional Electoral del Ejecutivo quedarían para una segunda instancia, desde el CIPPEC consideran poco probable que aquello que no se aborde ahora pueda modificarse luego en una segunda reforma.
“La probabilidad de que se vuelva a abrir la discusión nos parece un poco remota. Desde el ‘83 hasta ahora, y antes que eso es probable que tampoco, nunca hubo dos reformas electorales en una misma gestión. Es muy difícil conseguir el apoyo porque se necesita una mayoría especial”, señala a este medio María Page, coordinadora del programa Instituciones Políticas de CIPECC.
Y advierte que el proyecto del oficialismo “modifica la ley de financiamiento de la política 26.215 porque elimina el aporte de boleta y otras cosas que se relacionan con la forma de votar”. Es por eso que, desde la entidad consideran que “hay reformas puntuales que se podrían incluir en este mismo texto”. “Son puntos en los cuales hay bastante consenso y que mejorarían mucho el marco legal”, resaltó.
Entre ellos, el tema del financiamiento resulta prioritario. “El tema que está ausente básicamente y es muy importante para la agenda electoral es el financiamiento de la política, sobre todo después de todos los escándalos que se están descubriendo en relación con la campaña. Las rendiciones de la campaña 2015 no tienen nada que ver con el gasto que se dio durante las mismas y eso es algo que hay que atenderlo ya”, señala Page y advierte: “Otro gran vacío es que se introduce un nuevo sistema de votación electrónico, que tienen la intención de que se use en todo el país, aunque no hay prácticamente mecanismos de auditoría y de control y ninguna especificación sobre cómo tiene que ser la contratación para que sea transparente”.
En ese aspecto juega un rol central la Cámara Nacional Electoral, órgano que depende del Ejecutivo y que, en principio, se advirtió que sería reemplazado por un órgano electoral autárquico. “Todo el proyecto supone que el Ejecutivo alquila, compra o contrata el nuevo sistema y después la Cámara Nacional Electoral tiene que homologar ese sistema, pero cuando ya está comprado porque es hasta 120 días antes de la elección. Mientras que al Ejecutivo no le ponen ningún plazo para concretar esa contratación ni ninguna condición. Eso así no puede ser. Si el Ejecutivo va a contratar, creemos entonces que la Cámara tiene que establecer las condiciones que tiene que cumplir el sistema y la contratación y después el Ejecutivo ceñirse a esas condiciones”, considera Page.
Y hace referencia a ciertos requisitos de seguridad que tienen que cumplir las máquinas y el software, además de especificarse cuántas mesas por máquina, etc. “Esto es muy delicado que lo haga el poder Ejecutivo que depende del partido de gobierno”, destaca.
BUE y PASO: puntas de lanza de la iniciativa. Desde CIPPEC advierten que, más que una reforma política, el proyecto del Gobierno es una reforma meramente electoral que se relaciona con cambios fácticos en la forma de cumplir con el acto cívico. “El primero es el cambio en el instrumento de votación para introducir una forma de voto electrónico que tiene un soporte digital y otro en papel. Y el otro está vinculado a ese y son las reglas para formar alianzas y presentar candidaturas”, apuntan.
Respecto de la seguridad que ofrece el sistema BUE y las críticas que recibió de parte de un sector de la oposición que asegura que “no garantiza transparencia” y “es vulnerable”, Page admitió que “ningún sistema de votación es invulnerable”. “Todos tienen alguna vulnerabilidad. En Capital un informático pudo manipular la información de los votos que se habían emitido en la máquina (refiere a Joaquín Sorianello, un programador que fue sobreseído hace días por la Justicia porteña luego de enfrentar una causa por acceder a códigos secretos para demostrar la vulnerabilidad del sistema de BUE usado en 2015 en la Capital), pero hay que considerar que en este caso se evalúan otras tecnologías que permiten el registro en papel y para leer digitalmente con un QR que no permitiría que pase esto”, advirtió.
En cuanto a las PASO, se estima que estas tengan fórmula abierta (no se votarían fórmulas presidenciales, sino que el candidato a vicepresidente sería elegido luego por el candidato a presidente ungido por estas internas) y que se pueda votar sólo por una agrupación, algo que es resistido por los partidos provinciales que no presentan candidato a presidente, ya que alegan que pierden chances de obtener votos.
Desde CIPPEC no ven con malos ojos esto último al argumentar que “las nuevas reglas generan incentivo” para armar alianzas y romperán con la fragmentación de la oferta electoral. “En las PASO estos partidos se presentaban solos. No competían con nadie y después se adherían a una candidatura presidencial de otro partido. Con las nuevas reglas no les va a convenir más hacer eso porque una persona que eligiera votarlos en las Primarias estaría eligiendo sólo votar por las categorías legislativas, porque no se puede emitir voto en otra agrupación para la categoría presidencial. Entonces, a estos partidos les están generando incentivos para que se sumen a una alianza en el distrito”, señala.
Al no poder combinar candidatos, a los partidos más chicos no les quedará otra que sumarse a una alianza electoral ya que, si presentaran sólo candidatos a diputados por ejemplo, sus votantes deberían resignar su voto en las demás categorías al elegirlos.
“Creemos que es razonable la intención que se persigue con esta modificación porque hay una fragmentación tal en la oferta electoral que hace necesario limitarle las opciones al votante a una sola agrupación o acuerdo electoral, como dice el proyecto de ley. La ley retrocede un poco en la intromisión que las PASO significaron para la autonomía de los partidos y hace que los electores tengan que elegir entre las opciones que les da un solo partido”, explica.
Cintia Vespasiani
Blancos y negros del proyecto de Reforma Electoral del Gobierno
