Garavano sostuvo que "a raíz de la gestión oficial la cosa se empezó a activar" pese a que "los antecedentes no acompañan en la Argentina" para saber la verdad.
Aseguró, no obstante, que la "instrucción del Presidente" es que se sepa lo sucedido con la empresa brasileña porque es "un escándalo" el supuesto pago de 35.000 millones de dólares en coimas.
Información. En referencia a la información que debe aportar la fiscalía brasileña al respecto, Garavano manifestó que "ojalá existiera la información" concreta en "listados" (de gente que habría sido beneficiada) pero indicó que "eso así no existe", pese a que "es lo que se está tratando de exigir a la empresa".
Las declaraciones del ministro se producen luego de que un grupo de fiscales argentinos fue convocado para viajar este viernes a Brasil, a fin de reunirse con sus pares de ese país y avanzar en las investigaciones. "Ellos manifiestan que hay declaraciones de arrepentidos en Brasil y documentos sobre transferencias de cuentas que no están sistematizados en una lista, son testimonios, por eso hay que construir la prueba sobre la base de estos testimonios", especificó.
Reunión en Brasil. El impulsor del viaje de los fiscales fue el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien convocó a sus pares Federico Delgado, Franco Picardi, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli para participar el viernes, a las 15, de una reunión en Brasilia con el viceprocurador General José Bonifacio Borges de Andrada.
El viaje se decidió luego de que la procuradora Alejandra Gils Carbó recibiera una nota de su par brasileño Rodrigo Janot Monteiro, quien le informó que el vice procurador estaría disponible para avanzar con los encuentros.
Durante la reunión también estará presente el fiscal a cargo de la oficina de cooperación internacional de la Procuración de Brasil, Vladimir Aras, un funcionario encargado de gestionar los avances entre ambos países.
El encuentro está programado para un día después de que se levante la cláusula de confidencialidad, vigente desde diciembre pasado, que pesa sobre los testimonios y pruebas aportados por los ex directivos de Odebrecht que declararon como "arrepentidos".
Según Garavano, la investigación “se activó por la gestión oficial”
