Más del 70% de las personas con Síndrome de Down no tienen empleo


La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) precisó que más del 70 por ciento de las personas con Síndrome de Down que están en edad de trabajar no tienen empleo y lo atribuyeron a la falta de información, capacitación y de apertura de las empresas.

Un estudio de la consultora Adecco del año pasado indicó que sólo tres de cada diez empresas toman a personas con discapacidad; sin tener en cuenta a las miles de que aún no cuentan con certificado de discapacidad en los niveles bajos, que no forman parte de las estadísticas.

Como parte de las actividades por la Semana de Concientización para la Promoción de los Derechos de las Personas con Síndrome de Down, Asdra realizará hasta el viernes una campaña de difusión con el objetivo de lograr apoyo de la sociedad y el Estado.

"Las personas con Síndrome de Down pueden trabajar igual que cualquier otra, lo que necesitan son oportunidades", aseguró Marcelo Varela, presidente de la asociación que nuclea a familiares de personas con síndrome de Down.

Leyes que no se cumplen. Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENDI) realizada en 2004,, la discapacidad atraviesa al 30 por ciento de la sociedad, si se toma en cuenta no sólo a quienes las tienen sino también a aquellos que los rodean, ya sea los que conviven con ellos o los que trabajan en la temática. Además, el 20,6% de los hogares en Argentina, uno de cada cinco, alberga al menos una persona con discapacidad.

Si bien en el país rige un Sistema de protección integral de las personas con discapacidad, la mayoría de sus cláusulas no se respetan. Un ejemplo es la ley 25.689, que fue sancionada por el Congreso el 28 de noviembre de 2002 para modificar el artículo Nº 8 de la ley 22.431, en relación al porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte del Estado Nacional.

Según el texto, el Estado nacional -entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos- están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

Sin embargo, desde las fundaciones aseguran que los organismos y empresas estatales no cumplen con esa disposición, a excepción del Ministerio de Trabajo de la Nación.