Nuestro régimen constitucional se sustenta en el equilibrio de poderes que impiden el despotismo y garantizan el funcionamiento del régimen democrático; y tiene como condición necesaria la libertad de prensa.
Es indudable que ese edificio constitucional resultaría vacío de sustento, con pies de barro, si la libertad de prensa y sus actores -periodistas y editores-, fueran condicionados desde el poder, tal como lo certifica la Historia.
La experiencia de nuestro país, que ha sufrido muchos golpes de estado en el siglo pasado, demuestra que cuando se quiebra el orden constitucional se suprime el Poder Legislativo, se interviene el Poder Judicial y se dictan medidas de control y censura sobre los medios de comunicación de modo que velar por la libertad de expresión es también proteger el Estado de Derecho y las garantías constitucionales.
En tiempos donde la explosión tecnológica ha provocado una verdadera revolución en el ámbito de los medios de comunicación, con el advenimiento de las redes sociales que abrieron la puerta a desarrollos virtuosos y también de los otros, como la proliferación de noticias falsas y la amplificación de discursos de odio y violentos, más que nunca hay que garantizar y jerarquizar la tarea del periodismo como una herramienta imprescindible para que la población reciba información veraz, chequeada y contextualizada.
Es cierto que el periodista debe informar sobre los hechos de manera equilibrada tomar partido, reflejando diferentes puntos de vistas y evitando sesgos, pero atacarlos de manera generalizada, buscar su desprestigio, sembrar dudas sobre la profesión es cuanto menos un grave error que pone en riesgo la salud de la república.
No hay estrategia política ni ventaja electoral que justifique demonizar al periodismo en su conjunto. Nada bueno saldrá de esa pulsión autoritaria y claramente antidemocrática.
