La Marcha Federal Universitaria volvió a ocupar el centro de la escena con una consigna clara: rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y exigir recomposición salarial. La movilización se realizó este miércoles, en simultáneo con la sesión que finalmente ratificó la norma que garantiza recursos para las casas de altos estudios. Para anularlo, se necesitaron dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso. El reclamo puso el foco en el deterioro del presupuesto universitario y en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes. La presencia de gremios, centros de estudiantes y rectores reforzó el carácter federal e interclaustro de la jornada.
El motivo inmediato remite a la ley vetada el 10 de septiembre y ahora parcialmente ratificada -falta que se exprese el Senado-, que prevé aumentar el presupuesto universitario en función de la inflación acumulada de 2023 y 2024, con actualizaciones bimestrales, y ordanaba una recomposición salarial docente atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Gobierno argumentó que la iniciativa “incrementaba el gasto público de forma desproporcionada”, lo que, sostuvo, generaba desequilibrio fiscal. Las universidades y los gremios respondieron que el objetivo era sostener el funcionamiento básico y recuperar ingresos perdidos frente a la inflación. Con ese telón de fondo, la marcha buscó incidir en el debate parlamentario de la jornada. La discusión legislativa sumó así tensión al clima en la calle.
La convocatoria se inscribió en una serie de protestas educativas de alto impacto. Es la tercera marcha universitaria federal durante la gestión de La Libertad Avanza: las anteriores se realizaron el 23 de abril y el 2 de octubre de 2024. En cada oportunidad, el reclamo combinó defensa del presupuesto, paritarias y continuidad de actividades académicas y de investigación. La jornada actual profundiza esos ejes a partir del veto y de nuevas cifras de recorte que los convocantes señalan como críticas.
Un frente amplio: sindicatos, estudiantes y rectores
El núcleo gremial de la convocatoria estuvo integrado por los sindicatos docentes y no docentes. Participan CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, que representan a distintos sectores del profesorado universitario. Se suma FATUN (Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales), que agrupa al personal no docente en todas las casas de estudio. Estas organizaciones confluyen en el Frente Sindical Universitario, que articula demandas salariales, presupuestarias y de condiciones de trabajo. La coordinación intersindical fue clave para garantizar presencia en las principales regiones universitarias del país.
Los estudiantes tuvieron un rol central a través de la FUA (Federación Universitaria Argentina) y de las federaciones locales. La participación estudiantil se justifica, señalan sus voceros, por el impacto directo del ajuste en becas, comedores, residencias y servicios de bienestar. A su vez, el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) —compuesto por los rectores de las universidades públicas nacionales— brindó respaldo institucional al reclamo. Los rectores remarcan que el desfinanciamiento compromete el calendario académico, las carreras críticas y los proyectos de ciencia y tecnología. La foto común entre claustros y autoridades refuerza la legitimidad del planteo.
La protesta trascendió el claustro universitario y sumó apoyos del mundo del trabajo y de los movimientos sociales. Se movilizaron la CGT y la CTA, además de ATE y organizaciones como la UTEP. El acompañamiento sindical coloca en primer plano la defensa del empleo público y de los servicios esenciales que prestan hospitales y laboratorios universitarios. En el plano político, adhirieron agrupaciones como La Cámpora, el Frente Renovador y el Frente de Izquierda. La convergencia de actores diversos buscó mostrar volumen y capilaridad territorial.
Los números del ajuste que explican la marcha
El reclamo se apoyó en una secuencia de recortes señalados por los convocantes. En los primeros ocho meses de 2025, el gasto en educación superior cayó 30,4% en términos reales respecto del mismo período de 2023. Para 2025, se proyectó una reducción real del 9,4% frente a 2024 y del 32% frente a 2023. El rubro gastos de funcionamiento —servicios, mantenimiento, limpieza y seguridad— registró una baja real del 33,4%. Según los gremios no docentes, la falta de esos fondos “no permite abrir las puertas” con normalidad, tal como advirtió FATUN. La señal de alarma atraviesa a facultades grandes y a sedes del interior por igual.
Las cifras clave del ajuste universitario
Caídas reales en presupuesto y salarios
-33.4%
Gastos de Funcionamiento
En servicios esenciales como mantenimiento, limpieza y seguridad durante 2025.
-30.4%
Gasto ejecutado
Caída del gasto total en educación superior en los primeros 8 meses vs 2023.
-29.1%
Salario docente
Pérdida real del salario docente entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.
-32%
Presupuesto proyectado
Reducción del presupuesto proyectado para todo 2025 en comparación con 2023.
A esa caída se sumó un recorte puntual el día en que se publicó el veto. Según los organizadores, el Gobierno recortó $40.267 millones del presupuesto universitario para 2025, interpretado como respuesta directa a la sanción parlamentaria de la ley. Las universidades remarcaron que ese tijeretazo presionó aún más sobre partidas ya ajustadas por inflación. La consecuencia inmediata, indicaron, fue acumular deudas con proveedores y postergar gastos esenciales. En ese marco, la marcha busca revertir el escenario en el Congreso.
El deterioro salarial completa el cuadro. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios docentes universitarios cayeron 29,1% en términos reales. El propio Poder Ejecutivo reconoció en los considerandos del decreto del veto que, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios del sector aumentaron 128,49%, mientras la inflación trepó 220,45%. La brecha confirma una pérdida marcada del poder de compra. Dado que los sueldos representan cerca del 90% del gasto universitario, cualquier atraso impacta en la estructura completa del sistema. El reclamo, por lo tanto, no se limita al bolsillo individual: alcanza al funcionamiento cotidiano de las instituciones.
La ley ratificada por Diputados propone una salida específica para ese atraso. Establece una recomposición salarial inicial del 40,8% y la apertura de paritarias trimestrales con ajustes mensuales atados al IPC. El Gobierno consideró el esquema fiscalmente inviable y optó por el veto, que ahora la Cámara de Diputados desestimó.
