Régimen Penal Juvenil: Diputados firmó dictamen para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

El oficialismo logró 75 firmas en el plenario de comisiones y el proyecto de Régimen Penal Juvenil quedó listo para ser debatido este miércoles en el recinto. La iniciativa reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo esquema de sanciones.

El Régimen Penal Juvenil dio este miércoles un paso clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo, junto a bloques aliados y parte de la oposición dialoguista, consiguió dictamen de mayoría para el proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa será tratada mañana desde las 11 en una sesión especial, con el objetivo de obtener la media sanción.

En medio del debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anunció que el despacho de mayoría reunía hasta el momento 75 firmas. Acompañaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID. En contraposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta y lanzaron duras críticas contra el corazón del proyecto.

El nuevo Régimen Penal Juvenil contempla, además de la baja de la edad de imputabilidad, un sistema de sanciones alternativas a la prisión, priorizando un enfoque social y educativo para determinados delitos. Establece que los menores no podrán compartir lugares de detención con adultos e incorpora medidas de resocialización. Asimismo, elimina la posibilidad de prisión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de cárcel.

En cuanto a la escala penal, el dictamen descarta penas de prisión para delitos con condenas menores a tres años y prevé sanciones no privativas de la libertad para hechos con penas de entre tres y diez años que no hayan ocasionado muerte o lesiones graves. Además, por pedido de los bloques dialoguistas, se incluyó una partida presupuestaria específica: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, con el fin de garantizar la implementación efectiva del nuevo régimen.