El oficialismo consiguió abrir el recinto de Diputados para tratar la reforma laboral con 130 legisladores. Con la huelga general convocada por la CGT, la paralización del transporte asomó como un obstáculo adicional para garantizar la presencia de todos. De hecho, ningún libertario negó que hayan mandado autos para buscar legisladores para blindar la sesión.
Además de sus aliados de Pro, la UCR y el Movimiento Integración y Desarrollo (MID), colaboraron con el quorum los referentes de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).
En la reunión de jefes de bloque, conocida como labor parlamentaria, no hubo acuerdo sobre los lineamientos de la sesión. Mientras que el oficialismo pretende un debate acotado, de nueve horas y 40 oradores, la oposición exige una discusión sin limitaciones. La decisión final se impondrá por mayoría en el recinto.
“Mínimo 13 horas de debate”, dijo Martín Menem al salir de la cumbre. La hora de votación será, según su estimación, de madrugada.
Ayer, el Gobierno logró asegurar el dictamen del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado. Para garantizar el acompañamiento de sus aliados, accedió a eliminar el artículo 44, que limitaba las licencias médicas por enfermedad. Esa modificación obliga a que, en caso de aprobarse en Diputados, el texto regrese a la Cámara alta para su revisión final.
Aunque en el oficialismo confían en aprobar la iniciativa en general sin sobresaltos, el verdadero foco está puesto en la votación en particular, que se estima volverá a desglosarse por títulos. Allí aparecen al menos dos puntos sensibles que podrían sufrir cambios.
Uno es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy van a la Anses. Los críticos advierten que la medida desfinanciaría el sistema previsional y cuestionan que la administración de esos recursos quede en manos privadas, bajo control de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El otro capítulo que acumula resistencias es el que plantea derogar varios estatutos profesionales. Un conjunto de bloques que reúne alrededor de 35 diputados ya anticipó su rechazo.
