Avalar la represión descontrolada no es el camino


Lo que se ha visto el miércoles pasado en la marcha frente al Congreso confirma que el Gobierno Nacional hace gala de un perfil extremadamente represivo encarnado en la impronta autoritaria y agresiva de su ministra de Seguridad, quien a pesar de ser abogada pregona la idea de combatir al caníbal comiéndoselo, saltando así por encima de las normas que regulan la vida en comunidad garantizadas por el sistema republicano que adopta nuestra Constitución en su primer artículo.

Así, la gestión del presidente Milei juega al “fleje” del sistema, fomenta odios y divisiones entre la “gente de bien” y “los feos, sucios y malos” que se le oponen como mecanismo de justificación de la violencia gubernamental. En esta dinámica -disparada desde el poder del Estado- vamos inexorablemente a un escenario predemocrático, en donde se avala la violencia institucional so pretexto de movimientos desestabilizadores que solo habitan en la imaginación del núcleo duro el Gobierno.

Quienes hemos transitado los años difíciles de la década del ’70 del siglo pasado sabemos perfectamente de qué se trata mirar para otro lado cuando se violan las leyes y se pisotean los derechos. El consenso democrático que hemos alcanzado con la democracia en los últimos 40 años nos impele a rechazar la idea de que el orden en las calles frente a la protesta social se debe imponer a palos, gases y balas caiga quien caiga.

Es una verdad de Perogrullo que toda violencia genera y reproduce más violencia, mucho más cuando desde el Estado se azuza el enfrentamiento, la cacería de brujas y se le abre la puerta a al accionar descontrolado de las fuerzas de seguridad. Nada bueno puede salir de ello, aun cuando se coseche menciones positivas en las redes sociales o se tengan encuestas (siempre circunstanciales) que sean favorables.

Las fuerzas de seguridad están para proteger la vida, la propiedad de las personas y la tranquilidad pública, no pueden convertirse en un instrumento al servicio de intereses subalternos que ponen en riesgo la convivencia y las garantías constitucionales. Todos sabemos cómo terminan los desbordes y nadie quiere caer en manos de los violentos de uno y otro lado, mucho menos de aquellos que deben hacer respetar la ley cumpliendo con ella.