La Argentina inició el proceso de apelación del fallo que la obliga a pagar con acciones de YPF la sentencia condenatoria por US$ 16.000 millones por la nacionalización de la empresa.
En esta causa, el gobierno de los Estados Unidos se presentó como amicus curiae de la Argentina y argumentó que la orden del tribunal de transferir acciones de YPF por parte del Estado argentino, aún cuando esas acciones estén fuera del territorio estadounidense, podría vulnerar los límites legales de ejecución de bienes de estados extranjeros que establece la FSIA.
Además, consideró que ese tipo de decisiones podrían tener ramificaciones negativas en las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus bienes o activos ante cortes en otros países.
Añadió que si Argentina cumple la orden de entregar las acciones sin que la apelación del fallo primario esté decidida, podría sufrir un daño irreparable: incluso si luego consigue un fallo favorable, podría perder la posibilidad de recuperar esas acciones entregadas.
En agosto, la Justicia de Nueva York resolvió suspender la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF por parte del Estado argentino, dictada el pasado 30 de junio por la jueza Loretta Preska.
El juicio de YPF comenzó en 2015, tres años después de la expropiación de la petrolera. El beneficiario principal del fallo es Burford Capital, una firma dedicada a la compra de derechos de litigios. La causa no discute la potestad del Estado argentino para expropiar, sino el incumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) establecida en el estatuto de la empresa.
