El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, apenas un día después de haberlo enviado al Congreso de la Nación. La decisión expuso fallas en la coordinación política del oficialismo y abrió un nuevo foco de tensión en la agenda legislativa.
Una de las razones centrales del pedido de retiro fue que el dictamen remitido establecía la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso alcanzado con los bloques aliados era fijarla en 14. Ese acuerdo había quedado plasmado en el texto que obtuvo dictamen en mayo del año pasado y su modificación generó un inmediato rechazo interno.
El proyecto, que crea un nuevo régimen penal juvenil, es en líneas generales similar al tratado en 2025, aunque incorpora cambios relevantes. En esta versión, el Ejecutivo incluyó la asignación específica de fondos para la Defensoría General y el Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar la implementación efectiva de la norma.
En concreto, el texto dispone más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia. En el proyecto original, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que había despertado sospechas de que la reforma terminara sin aplicación real. Pese a estos cambios, la falta de consenso político obligó al Gobierno a dar marcha atrás y retirar la iniciativa.
