La reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo tras su media sanción en el Senado y abrió una etapa clave de cara a su tratamiento en la Cámara de Diputados. El escenario volvió a exponer las diferencias estratégicas dentro del movimiento obrero, con una CGT que optó por movilizar sin convocar a un paro y un sector más combativo que reclama profundizar las medidas de fuerza.
El debate en la Cámara alta dejó al descubierto la distancia entre los sectores dialoguistas y aquellos que consideran que la respuesta sindical debe escalar. La conducción de la CGT decidió acompañar la discusión con una movilización, pero evitó llamar a una huelga general, una postura que fue cuestionada por gremios que entienden que la reforma implica un retroceso en derechos laborales y requiere una reacción más contundente.
El espacio que se muestra más duro frente al avance de la reforma laboral está nucleado en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), integrado por la UOM, ATE, Aceiteros, Luz y Fuerza, el Centro de Patrones, APLA, CTERA y ambas vertientes de la CTA. Antes del tratamiento en el Senado, el frente desplegó un plan de lucha federal con movilizaciones en Córdoba y Santa Fe, y este viernes a las 15 se reunirá en la sede de la UOM para definir la continuidad de las acciones ante el inminente debate en Diputados.
Según trascendió, entre las medidas en análisis figura una nueva movilización en Tucumán el 26 de febrero, aunque la fecha definitiva dependerá del día en que se convoque la sesión en la Cámara baja. Desde el Fresu sostienen que el objetivo es “ir a las provincias para interpelar a los gobernadores que apoyan esta reforma” y consolidar un plan de lucha con anclaje federal.
Las críticas al interior del movimiento obrero no son nuevas, pero se profundizaron en las últimas semanas. En el Fresu consideran que el viraje de la CGT comenzó con la conformación del Consejo de Mayo, el órgano consultivo impulsado por el Gobierno nacional, al que califican como un ámbito “estéril” para canalizar demandas laborales. Según plantean, allí se dilataron tiempos, no se anunciaron mejoras y se terminó promoviendo una reforma que “modifica las condiciones de vida de todos los trabajadores”.
Desde el frente sindical apuestan a consolidar un espacio que, entienden, no se daba desde hace tiempo y que busca trascender la discusión puntual de la reforma laboral. “Se trata de profundizar un plan de acción y construir confianza entre los dirigentes”, afirman. En esa línea, advierten que la CGT podría quedar “muy debilitada” si la iniciativa es aprobada definitivamente, al considerar que “negociaron lo que perjudicaba a los sindicatos, pero no lo que afectaba a los trabajadores”.
Uno de los puntos más sensibles es la decisión de no convocar a un paro general. Desde el sector más combativo sostienen que se trató de una oportunidad perdida para el movimiento obrero y remarcan que la masiva movilización reciente demuestra que existe voluntad de protesta entre las bases. “Los trabajadores quieren parar, faltan dirigentes que convoquen”, subrayan.
El próximo paso de la CGT
Por su parte, la CGT delineó su propia hoja de ruta para enfrentar el debate en Diputados. La central obrera prevé una serie de encuentros con legisladores, especialmente con aquellos de extracción sindical, para intentar introducir modificaciones al texto aprobado por el Senado. El miércoles próximo se realizaría una reunión en ese sentido, con el objetivo de ampliar el diálogo a la mayor cantidad de bloques posible.
Tras la media sanción, la CGT difundió un comunicado en el que sostuvo que el proyecto “retrocede en derechos colectivos e individuales” y que implica una “transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital”. En ese texto, además, anticipó que continuará su plan de acción “en la calle, en la Justicia y en el Congreso Nacional”.
En paralelo, la estrategia cegetista apunta a ganar tiempo mediante la incorporación de cambios que obliguen a una nueva revisión del texto, en un contexto donde reconocen que el escenario parlamentario es complejo. El poder de convocatoria aparece como un desafío tanto hacia el sistema político como al interior de los propios gremios.
Conscientes de que la aprobación definitiva de la reforma laboral es una posibilidad concreta, dirigentes sindicales ya trabajan con abogados laboralistas y constitucionalistas en la eventual judicialización de la norma. “Hay muchos puntos grises en la reforma. Lo que pueda judicializarse se va a judicializar”, anticipan.
Así, la reforma laboral no solo tensiona el escenario político en el Congreso, sino que también redefine el mapa interno del sindicalismo argentino, donde se disputa no solo una estrategia frente al Gobierno, sino el liderazgo y la representación del movimiento obrero en una etapa de profundos cambios.
