El Poder Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley para establecer un esquema de financiamiento universitario que reemplace la norma actualmente vigente, en un contexto en el que los rectores de universidades nacionales sostienen que la ley ratificada por el Parlamento debe ser implementada. La iniciativa será incorporada al temario de sesiones extraordinarias, que se prorrogarán hasta el sábado 28 de febrero inclusive.
La estrategia oficial apunta a sancionar una norma que resulte “viable” desde su perspectiva económica bajo la premisa de “equilibrio fiscal”, en línea con los objetivos financieros del Gobierno. De esta manera, busca dejar sin efecto la ley anterior —que fue sancionada, vetada y luego ratificada por el Congreso— y desactivar los conflictos judiciales y legales derivados de su incumplimiento.
La ampliación del período legislativo y la inclusión del nuevo proyecto serán formalizadas a través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial, según se informó oficialmente.
Reuniones con el Consejo Interuniversitario Nacional
La decisión se tomó luego de una serie de reuniones entre funcionarios de la Secretaría de Educación y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas del país.
Desde el Gobierno señalaron que, tras la aprobación de otras reformas consideradas prioritarias —como la laboral y la penal juvenil—, el objetivo ahora es encauzar la disputa presupuestaria con el sistema universitario y evitar posibles sanciones penales a funcionarios públicos derivadas del incumplimiento de la ley vigente.
Por su parte, los rectores calificaron los encuentros como un avance en el diálogo institucional. No obstante, remarcaron que, mientras no se sancione una nueva norma, la ley actual continúa ratificada judicialmente y el Estado debe cumplir con sus disposiciones presupuestarias.
Modificaciones técnicas y metas financieras
En el Ejecutivo trabajan en modificaciones técnicas del esquema presupuestario con el fin de asegurar que el nuevo proyecto sea compatible con las metas fiscales previstas para el año en curso. La intención oficial es que la propuesta contemple mecanismos que permitan sostener el funcionamiento del sistema universitario sin comprometer los objetivos de reducción del déficit.
La discusión parlamentaria se dará en el marco de la extensión de las sesiones extraordinarias hasta fines de febrero. El oficialismo buscará construir consensos que permitan aprobar una nueva norma y cerrar un frente de conflicto que se mantiene abierto desde la sanción y posterior ratificación de la ley vigente.
