La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes su cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei, en rechazo a la reforma laboral que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza será por 24 horas y se concretará el mismo día en que el proyecto sea tratado en el recinto, lo que podría ocurrir este jueves o el miércoles 25.
A diferencia de otras convocatorias, la conducción resolvió no movilizar a la calle y apostar a una paralización total de actividades como forma de expresar el rechazo sindical. La decisión fue adoptada tras una reunión en la que se evaluó el escenario legislativo y la presión interna de distintos gremios.
Desde la central explicaron que la modalidad busca exhibir el impacto del paro mediante el freno en el transporte, la industria y los servicios, sin convocatoria a una concentración masiva.
Transporte y adhesiones clave
Uno de los datos centrales es la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Su titular, Roberto Fernández, confirmó que el gremio de los colectiveros se sumará a la huelga, un respaldo estratégico que no estuvo presente en anteriores paros.
También se plegarán los gremios ferroviarios La Fraternidad y la Unión Ferroviaria, además de los sindicatos nucleados en la CATT, que incluyen pilotos, trabajadores del subte y del sector marítimo. La participación de estos sectores anticipa un fuerte impacto en la movilidad urbana y de larga distancia.
Los gremios considerados “duros”, como Camioneros, Bancarios y la UOM, habían impulsado inicialmente una movilización, pero finalmente acataron la decisión de limitar la protesta a la paralización de tareas.
El artículo 44 y la ofensiva judicial
En la conducción cegetista sostienen que la instancia de diálogo está agotada, en un contexto de presión creciente de las bases sindicales y falta de consenso en puntos considerados sensibles del proyecto.
El principal foco de conflicto es el artículo 44, aprobado en el Senado, que establece una reducción del salario al 50% o 75% en casos de licencias por enfermedades o accidentes inculpables, es decir, no vinculados al trabajo.
Desde la CGT advirtieron que la reforma vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales. En ese sentido, anticiparon que, en caso de aprobarse la ley, avanzarán con una estrategia judicial para cuestionar su validez.
