El Gobierno nacional salió a fijar posición tras el anuncio de cierre de FATE y el despido de 920 trabajadores en su planta de San Fernando, en medio de sospechas políticas y cruces con el sector empresario y sindical. Desde la Casa Rosada relativizaron el impacto estructural del caso y defendieron la intervención oficial a través de la conciliación obligatoria.
“¿Conspiranoico yo? Fin”, respondió el presidente Javier Milei ante las versiones que circularon sobre una presunta intención política de los propietarios de la empresa al disponer el cierre en el horas antes del debate legislativo por la reforma laboral.
En Balcarce 50 admiten malestar con el momento elegido por la empresa. Una voz oficial señaló: “Es un sector puntual, una empresa puntual, con problemas hace muchos años. Lamento que la empresa no haya tomado la situación en cuenta”. En la misma línea, una fuente con acceso al despacho presidencial sostuvo: “Es parte de la libre competencia. A nadie le gusta, pero son cosas que pasan”.
Sospechas y críticas internas
Puertas adentro del oficialismo, algunos funcionarios dejaron trascender dudas sobre las motivaciones del anuncio. “En 2019, Fate tuvo plan preventivo de crisis y ahí no había tema de importaciones. No debe venir por ahí. El combo de sindicatos troskos y empresaurios (sic) no es buena”, deslizó un integrante del Ejecutivo, a pesar de que la propia compañía atribuyó la crisis al cambio de modelo económico.
Otro funcionario fue más directo: “Debe querer algo. Lo está haciendo a propósito y nos damos cuenta”, afirmó, en referencia a la posibilidad de que el cierre tenga un trasfondo vinculado al escenario político y legislativo.
Más allá de esas interpretaciones, la respuesta institucional quedó en manos del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, que dictaron la conciliación obligatoria por 15 días. La medida ordenó “retrotraer la situación al estado previo al conflicto”, dejando sin efecto los despidos durante el período de negociación.
Desde la cartera nacional señalaron que “continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, y advirtieron la necesidad de “abstenerse” de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales mientras duren las conversaciones.
La intervención de la Provincia de Buenos Aires
En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires adoptó una medida en el mismo sentido y comunicó que “los 920 despidos anunciados unilateralmente por la empresa quedaron sin efecto hasta tanto las partes encuentren una fórmula de acuerdo para resolver el conflicto”.
La administración bonaerense calificó el escenario como de “extrema gravedad” y señaló que resulta necesario disponer medidas “a fin de mantener la paz social y poner en funcionamiento los mecanismos legales a disposición para promover una solución pacífica y legal al conflicto existente”.
Además, intimó al sindicato a “dejar sin efecto toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar”, mientras que exigió a la empresa “dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo en el marco de las relaciones laborales […] retrotrayendo el estado de situación y las acciones al inicio del conflicto”.
De este modo, tanto Nación como Provincia coincidieron en activar los mecanismos formales de mediación, mientras el Gobierno nacional sostiene que se trata de un caso empresarial puntual y evita atribuir el cierre a la política de apertura comercial.
