Con el veto de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a la expropiación del edificio donde funcionaba el hospital Llavallol, no existía hasta ayer ningún impedimento legal para que se avanzara con el remate del centro de salud. Es por eso que, tras la manifestación vecinal del viernes y ante el momentáneo silencio del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 7, el titular del bloque GEN Progresistas en la Cámara baja, Marcelo Díaz, presentó una iniciativa de ley para evitar la subasta de bienes del inmueble por un lapso de 18 meses.
“Estamos solicitando la suspensión de la subasta de los bienes del hospital vecinal de Llavallol, en los autos de la quiebra. Es por 18 meses y la principal aspiración que tenemos en este lapso es poder subsanar algunas interpretaciones que hay respecto de los fundamentos del veto de la Gobernadora. Además de poder dialogar y consensuar, en el intento de que se comprenda la necesidad de contar con ese efector en virtud del fuerte déficit de camas que tiene Lomas de Zamora”, justificó en diálogo con Info Región el diputado bonaerense de la Tercera Sección Electoral.
El proyecto de ley fue ingresado el martes a la Legislatura y ya cuenta con las firmas de los legisladores Fernando “Chino” Navarro (FpV), María Elena Torresi (Cambiemos), Maxi Abad (UCR)y Juan Amondarain (FR). La aspiración es que pueda ser tratado sobre tablas en la próxima sesión o apenas tome estado parlamentario.
“El proyecto se basa en poner un stand by hasta que logremos un consenso y se pueda mandar una nueva ley, mejor hecha, con todas las partidas que correspondan, y con una verdadera comprensión de que Lomas necesita un efector público más en su sistema de salud”, insistió Díaz.
Y advirtió que la situación es apremiante debido a la falta de camas y la saturación del hospital Gandulfo. “La UPA y el Alende están ubicados en Cuartel IX y el último, además, es un materno infantil. El único efector público que tiene Lomas es el Gandulfo, con 298 camas. Y están hablando de que el distrito tiene un déficit de casi 800. El Llavallol podría contribuir con, al menos, cien, de modo que sería importante podar contar con él”, señaló.
Si bien desde el bloque pidieron una audiencia con la ministra de Salud, Zulma Ortiz, aún no les ha sido concedida. “Desde la semana en que se promulgó el veto, aún no he podido reunirme porque no me ha concedido la audiencia”, aseguró.
El proyecto
Descomprimir la salud lomense. Luego de que el viernes pasado decenas de vecinos de la localidad se manifestaran en contra del veto de Vidal a la ley de expropiación y pidieran recuperar el centro médico, la medida fue avanzar con un proyecto legislativo que, si bien no resuelve el problema de fondo, al menos busca evitar que se agrave con un remate inminente.
“Las propias autoridades médicas, del gremio y del sindicato de profesionales de la salud, han expresado que este centro puede descomprimir los quirófanos del hospital Gandulfo, que están sobre cargados y con una fuerte demora. Hay un gran desconocimiento de esta situación”, señaló Díaz, que es también vecino lomense.
Desde esa posición es que también lamentó “la falta de pronunciamiento de la municipalidad de Lomas y de su intendente (Martín Insaurralde) respecto de este tema”. “Es lamentable la falta de posición del municipio respecto de un tema que tiene que ver fundamentalmente con una problemática que afecta a los vecinos”, consideró y advirtió que “si el municipio hubiese estado firmemente apoyando a los vecinos de Llavallol, probablemente el veto no hubiera existido”.
Sin argumentos. Aunque desde el bloque atribuyeron el veto a que “el Pro es una fuerza de centro derecha liberal” y “poco proclive a una expropiación cuando se afecta el interés de un privado”, cuestionaron que este no sería el caso del hospital, cuyo edificio está en quiebra.
“Este accionar está dentro de su línea de pensamiento. Pero este no es el caso, porque acá no es que hay un privado al que le han usurpado un inmueble o queremos que un inmueble que es de un particular sea usado para hacer un hospital. Acá ha funcionado un hospital, la entidad desapareció y quedó la quiebra con la AFIP como mayor acreedor. Entonces existe la posibilidad de hacerse de un inmueble que está valuado en aproximadamente medio millón de dólares pero cuyo valor fiscal es muy inferior ya que el precio de la subasta que lo sacó a la quiebra es de doscientos sesenta mil pesos”, evaluó.
Y consideró: “Sería una pena que alguien adquiera ese módulo para un usufructo comercial cuando fue construido por los obreros de la localidad de Llavalllol. Acá todo un pueblo se movió para levantarlo”.
Cintia Vespasiani