Víctimas dicen que “no tienen derechos” previo y posterior a la condena


La Justicia de Ejecución Penal de Mar del Plata le otorgó ayer la libertad asistida al ex boxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios, que en 2014 había sido sentenciado a tres años y medio de prisión efectiva por matar, al volante, a Yamila González, una joven de 20 años que estaba embarazada al momento de la tragedia. La decisión de la justicia llega a apenas un mes y medio de que familiares de víctimas de accidentes de tránsito lograran, tras 12 años de lucha, modificar el Código Penal para endurecer las penas por este tipo de delitos.

En ese marco, Viviam Perrone, que fue fundadora y es referente de Madres del Dolor tras perder a su hijo Kevin Sedano en 2002 en un hecho de tránsito, advierte a Info Región que la lucha pendiente es lograr mayor incidencia de las familias y un cambio de conducta en los jueces en dos etapas clave: la Procesal, previa a la sentencia, y la de Ejecución Penal, cuando la misma debe hacerse efectiva.

Nosotras tardamos 12 años para cambiar el Código penal y endurecer las penas para que quien mate al volante quede con una sentencia efectiva, pero en materia de ejecución seguimos varios pasos atrás”, advierte a este medio y sostiene que “es irrisorio” que el boxeador recupere la libertad antes de lo pactado por buena conducta.

"¿Qué buena conducta si en 2012 lo liberaron y no tenía que conducir y condujo? No tenía que ingerir alcohol y bebió. Agarró a trompadas a su hijo. Debido a todo esto volvió a quedar detenido. ¿Pero ahora lo liberan un año y pico antes por buena conducta? Es irrisorio”, lamenta.



El abogado de Barrios, Luis Rivera, explicó que la libertad asistida “es un derecho que prevé la ley de ejecución penal para acceder a una libertad monitoreada seis meses antes de obtener la libertad condicional” y sostuvo que esta última estaba prevista para el 8 de marzo próximo.

Lo cierto es que Barrios cumplió dos años y dos meses de prisión, por lo que la liberación se estaría efectuando casi un año y medio antes. “Siempre estamos varios pasos más atrás de quienes nos colocan en este lugar. Nosotras no elegimos estar acá, fue decisión de ellos beber alcohol, conducir a exceso de velocidad, atropellar, huir y somos nosotras a las que nos dicen que en estas instancias no tenemos derecho”, señala.

Es que, además de acortarle la pena en la etapa de Ejecución, el caso de la “Hiena” Barrios tuvo varios idas y vueltas en el período procesal: el accidente ocurrió el 24 de enero de 2010 en Mar del Plata y recién en abril de 2012 fue condenado a cuatro años de cárcel efectiva. Pese a esto, apenas 22 días después de esa sentencia, el boxeador pagó una fianza de 200 mil pesos y recuperó la libertad.

Fue la familia de Yamila la que le pidió a la Cámara de Casación bonaerense que revisara la sentencia. En noviembre de 2014 esa Cámara decidió bajar la pena a 3 años y 7 meses, pero ordenar que fuera de cumplimiento efectivo.

“Vemos con preocupación que en la etapa anterior a llegar a juicio oral, quedan en libertad y, hasta que no se llega a juicio, que pueden pasar hasta tres o cuatro años, en muchos casos siguen conduciendo”, señala Perrone y advierte que si bien en esta etapa la familia puede apelar “todo tarda muchísimo”.

“Un ejemplo en el caso de Vicente López donde pidieron la detención, pero ellos apelaron y ahora dijeron que iban a dar respuesta recién en un mes y pico, y mientras tanto sigue estando en libertad cuando debería esperar preso”, sostiene en relación al caso del joven de 27 años que hace unas semanas embistió y mató a la maestra Silvia Cabrera.

En la etapa de ejecución, el mayor problema según Perrone es que “terminan liberando y dando beneficios por supuesta buena conducta”. “En el caso de Barrios, al tratarse de una decisión en el marco del Código de Ejecución Penal, la familia de la víctima no tiene derecho a nada. Los familiares de Yamila no pueden apelar ni opinar ni hacer absolutamente nada”, critica.

Madres del Dolor tiene un proyecto con media sanción de Diputados en referencia a la etapa de Ejecución Penal. Piden tener en esa etapa “los mismos derechos que quienes ya se sabe que son culpables”. “Ellos tienen desde un primer momento un abogado y un psicólogo, mientras que los familiares de víctimas no”, sostiene.

Cintia Vespasiani