Saben, o aprenden, o se resignan a esperar. Aún pese al dolor, pese al desgarro de perder un ser querido. Los familiares de víctimas, desde el momento en que también se transforman en una de ellas por el pesar de la pérdida, comienzan el largo camino de la espera por Justicia. Y, una vez iniciado, esa expectativa se llena de escollos. Avances y decisiones judiciales que los hacen retroceder, liberaciones o morigeraciones de pena de las cuales se han enterado por los medios periodísticos en lugar de por los mismos funcionarios judiciales y la entereza de tener que mantenerse firmes en su lucha por Justicia aún sin respaldo médico ni legal patrocinado por el Estado.
La iniciativa de ley a la cual el miércoles el Senado le dio media sanción prevé cambiar esa realidad. Y aunque la espera por Justicia será la misma –porque acortarla ya dependería de otras reformas más integrales-, la esperanza es que el camino sea transitado con otro apoyo y con mayor participación en el proceso judicial.
Sobre todo en una instancia clave del mismo: la de ejecución penal, que es cuando la condena de los jueces debe hacerse efectiva, pero muchas veces las mismas se ven morigeradas por salidas transitorias o libertades asistidas o condicionales.
“Los cambios fueron positivos. Ha salido un proyecto superador”, señaló a Info Región Matías Bagnato, único sobreviviente de la llamada Masacre de Flores, y advirtió que “uno de los principales cambios es el de la participación de la víctima”.
“Sobre todo en la etapa de ejecución penal, instancia en la que la víctima es excluida en su totalidad y por la cual los jueces no les notifican si el asesino que les destruyó la vida obtiene una salida transitoria o una libertad condicional. Tampoco puede ser escuchada por el juez y no puede apelar”, relata Matías la condición en la cual se encuentran hoy los familiares de victimas en el país.
Es muy grande la emoción de este logro ...sabemos que hay que seguir pero hoy celebramos! Gracias a los que nos acompañan!! #LeyDeVictimas pic.twitter.com/9suHj160gU
— Matias Bagnato (@MatiBagnato) 31 de mayo de 2017
Pero sostiene que, a través de las modificaciones introducidas por el Senado a la ley, “la victima va a tener una participación activa en la etapa de la ejecución de la pena”. “O sea que quedaría con participación a lo largo de todo el proceso”, resaltó.
Otro aspecto importante incorporado en la Cámara alta, y que deberá ser ratificado por Diputados, es la creación de la figura del defensor oficial de la víctima. “Así como existe la figura del defensor oficial del delincuente, la ley contempla la creación de esta figura, que es muy importante porque le da a la víctima la posibilidad de contar con un abogado gratis desde el minuto cero, al igual que tienen los delincuentes”, explicó Matías.
Además de los cambios, se mantuvieron los aspectos centrales del proyecto que comenzó su camino en Diputados, como la creación de centros de asistencia y protección en todo el país, además de la designación gratuita de un abogado para que represente a la víctima o a sus familiares.
“Cuando hablamos de integral es porque los mismos van a estar equipados con psicólogos, psiquiatras, y la victima va a poder efectuar la denuncia en esos mismos centros”, sostuvo y destacó: “Lo que permite esta ley es que el Estado este presente, acompañando a la víctima desde el primer momento. Y no que la víctima tenga que estar golpeando puertas para tener una justicia justa y sometiéndose a una re victimización constante”.
La mayor conquista, sin dudas, consiste en lograr ser informados durante todas las etapas de la causa, en las que podrán constituirse como querellantes. En particular, desde ahora los familiares de víctimas deberán ser notificados de las actuaciones que dispongan la prisión o la posterior liberación de los acusados, así como las libertades transitorias y las variaciones sustanciales de las condiciones del encierro.
Cintia Vespasiani