La diputada nacional del partido Socialista y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, Gabriela Troiano, confirmó a Info Región que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se comprometió, en una comunicación personal con ella, a “restituir” las pensiones “en caso de que haya errores” en la quita que pretende encarar el Ejecutivo.
La medida del Gobierno nacional se basa en un decreto - el 432- de 1997 que estipula las condiciones y requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad. Hace exactamente diez años, esa normativa establecía que sólo podían cobrar la pensión las personas que se encontraran en situación de indigencia o pobreza.
En un proyecto que fue presentado el lunes a la Cámara de Diputados de la Nación, Troiano pide la derogación “de esta norma inconstitucional en la que se está fundamentando el retiro masivo de pensiones no contributivas para personas con discapacidad”.
“El decreto reglamentario 432 estipula pautas para una persona indigente, no para una persona con discapacidad. De 1997 a 2017 cambió rotundamente el paradigma de la discapacidad. Antes era sólo un paradigma médico y ahora es un paradigma de Derechos Humanos, en el cual a estas personas hay que garantizarles una vida digna. Esto está en el artículo 4 y el 28 de la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Y eso es lo que ellos no están cumpliendo”, disparó la diputada.
Es que el decreto 432 señala, entre otras cosas, que para poder acceder al beneficio, las personas con discapacidad “no deben tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos de poder hacerlo”. Tampoco deben “poseer bienes, ingresos, ni recursos que permitan su subsistencia”.
“Hacer uso de este decreto da cuenta del ajuste del Gobierno hacia los sectores que menos tienen, hacia los trabajadores, las personas con discapacidad, los docentes, que todavía no tienen resuelto el tema paritario, los médicos”, fustigó Troiano.
Y se refirió a las palabras del presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien reconoció a Clarín que se le dieron de baja a las pensiones de quienes “no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”. “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, aseguró el funcionario.
En ese sentido, Troiano apuntó que ese criterio del Ejecutivo “es una vergüenza”. “Muestra un desconocimiento pleno y absoluto de la legislación. Por eso pedimos la derogación del decreto”, indicó.
Y señaló que, ante el argumento empleado por el Ejecutivo sobre 'personas fallecidas que tienen asignadas pensiones' o 'certificados truchos', “es necesario hacer un estudio”. “Si les falta ese certificado, hay que pedirlo, pero a mucha gente le demora mucho también que le den el certificado. Entre nueve meses y un año. Es el mismo Estado que, por su inoperancia, le está reclamando cosas a la gente que ellos mismos ni siquiera cumplen. Ni cumplen con el cupo del 4 por ciento laboral y salen a decir que una persona con síndrome de Down puede trabajar”, fustigó.
Comunicación con Stanley. En otro orden, reconoció a Info Región que mantuvo una conversación con la ministra Stanley en la cual le sugirió “que no apliquen el decreto 432 para las personas con discapacidad”.
“Me dijo que lo iban a rever. Le exprese que les sacaron las pensiones a personas con discapacidad que están en determinadas situaciones complicadas y me dijo que se las iban a restituir en caso de que haya errores. Esas fueron sus palabras”, señaló y aclaró: “Hay una voluntad de modificar algo. No dijeron que iban a dar marcha atrás con todo, porque ella –por Stanley- lo que manifestó es que había gente muerta que la estaba recibiendo”.
En ese marco, Troiano le advirtió a la ministra la necesidad de realizar un estudio previo. “Le dije que tenían que hacer un estudio socio ambiental. Lo reconoció eso ella”, señaló y agregó: “Estamos pidiendo que saquen una declaración oficial, una resolución del Ministerio en este sentido”.
Cintia Vespasiani
“Es una vergüenza y muestra que desconocen la legislación"
