La iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires para instalar una “Casa de la Provincia” en cada municipio donde se concentren las diversas dependencias provinciales para“facilitar y agilizar la ejecución de trámites, evitando así el traslado hacia la capital bonaerense para su efectiva realización”, tal como explican desde la gestión que encabeza Axel Kicillof generó las primeras reacciones adversas desde la oposición.
Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, la diputada radical Anahí Bilbao presentó un pedido para que la Provincia frene con las licitaciones en el que “insta al Ejecutivo provincial” a que “reconsidere esta acción ya que en tiempos de pandemia, sumado a la pobreza de la Provincia, los recursos deberían ser usados en emergencias y en necesidades reales”. Según la legisladora el costo del plan es de $ 2.300 millones durante este año para ascender en los años siguientes a un total de $ 46.000 millones.
La diputada oriunda de Laprida alertó que este proyecto busca “generar un poder paralelo en cada distrito” y cuestionó destinar fondos a la construcción de oficinas “en tiempos en los que la virtualidad va ganando su espacio”.
“Construir 134 mini-gobernaciones en medio de la pandemia, y entre tanta desigualdad y pobreza, es otro despropósito de Kicillof”, sintetizó Bilbao.
Por su parte, el flamante titular de la UCR bonaerense y también legislador provincial, Maxi Abad, en declaraciones a InfoRegión consideró que la creación de las ‘minigobernaciones’ es “innecesaria e inoportuna”, y s.señaló que “así como el gobierno nacional pretende avasallar las autonomías provinciales asumiendo funciones y facultades que son propias de las provincias, el gobierno provincial pretende hacer lo mismo con los 135 municipios que ya tienen a su intendente”.
Para Abad “una vez más la agenda del gobierno nada tiene que ver con las necesidades de los vecinos” y subrayó que “necesitan vacunas, que la dejen trabajar, que los pibes vayan a la escuela y un auxilio para salir del ahogo de más de un año de parate” tras lo cual calificó el plan edilicio de “una burla a una sociedad que espera respuestas a sus múltiples problemas”.
“Gobernar no es montar oficinas y burocracia sino gestionar para resolver los problemas concretos de la gente que son infinitamente más importantes y sustanciales que los planes del Gobernador”, resaltó el marplatense.
El plan de la gobernación
Mientras tanto, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense ya licitó las obras para la construcción de las primeras cuatro Casas de la Provincia que se llevarán a cabo en los municipios de Baradero, Chascomús, Olavarría y Ezeiza.
Según el oficialismo su objetivo es mejorar la calidad de atención al público, mediante sistemas orientados a la “ventanilla única” y la atención personalizada entre las dependencias que podrá albergar el edificio se encuentran el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, IOMA, ARBA, Patronato de Liberados, delegaciones del Ministerio de Trabajo, Educación y Ministerio de Mujeres, entre otras. por lo cual la Provincia tendrá un ahorro de gastos pues la mayoría de esas dependencias funcionan en locales alquilados aunque, en rigor de verdad, muchos de esos alquileres o son pagados por los municipios en los que se asientan o son cesiones de espacios por parte de otros organismos.
Desde Obras Públicas informaron que las nuevas construcciones contarán con ventilación adecuada y ambientes que eviten el amontonamiento de gente al tratarse de edificios modernos, accesibles y ambientalmente sustentables, con paneles solares para bajar el consumo eléctrico, artefactos LED y la recuperación de aguas de lluvia.
El presupuesto oficial para las Casas de la Provincia de Chascomús, Ezeiza y Olavarría, que se edificarán en tres plantas, fue superior a los $182 millones cada una, mientras que el edificio de Baradero, de dos plantas, implica una inversión de más de $146 millones de pesos por parte del gobierno bonaerense.
Las licitaciones pueden dividirse en dos grupos: algunas se diseñan en dos plantas que suman 700 metros cuadrados aproximadamente con una inversión de $146 millones y otras en tres plantas que totalizan cerca de 1000 metros cuadrados cuyo costo asciende a $182 millones cada una.
Entre las que ya se abrió el proceso de licitación, además de las mencionadas, se encuentran los edificios previstos para Villa Gesell, General Rodríguez, General Madariaga, Pila, General Viamonte, Pehuajó, Leandro Alem, Monte Hermoso, Colón, Punta Indio, Ayacucho y Castelli. Además, hay otros 20 municipios en proceso de apertura de un total de 80 licitaciones previstas para este año.
En total se construirán 100 edificios, pues en las 34 comunas restantes se remodelarán propiedades ya existentes. Hasta el momento hay 75 municipios confirmados: 47 son gobernados por el Frente de Todos y 28 por Juntos por el Cambio.
La única comuna que no tendrá su casa propia es La Plata, por ser sede del gobierno bonaerense.
Este debate, en realidad, no es nuevo, y desde la oposición señalan que las “minigobernaciones” permitirían al oficialismo montar una estructura propia en cada distrito, con funcionarios afines y manejo presupuestario.
Más voces en contra
Otro legislador que puso una voz de alerte fue el diputado Guillermo Bardón, enrolado en el espacio que lidera Emilio Monzó, quien presentó un pedido de informes al Ejecutivo acerca de los criterios de “oportunidad, razonabilidad y conveniencia” que tomó el Infraestructura para lanzar las licitaciones.
En ese sentido exigió precisiones sobre “la necesidad de licitar Casas de la Provincia en municipios como Berisso, Ensenada, Berazategui, Magdalena, Brandsen y/o Cañuelas”, localidades que se encuentran a “distancias razonables de la capital provincial”, argumenta.
En tanto, en el ámbito de la cámara alta provincial , los senadores opositores Gabino Tapia, Daniela Reich, Felicitas Beccar Varela, Lucrecia Egger y Juan Fiorini firmaron un comunicado cuestionando que no utilicen esos fondos en “la compra de vacunas o de equipamiento para el sistema de salud”.
La defensa del proyecto
La defensa de la iniciativa estuvo a cargo de la ministro de Gobierno bonaerense, Teresa García quien relativiza el costo de la inversión amparándose en el gasto que implica para el Estado el alquiler, el pago de servicios y de mantenimiento de las diferentes oficinas distribuidas en distintas localidades. “El primer punto es hacer eficiente el gasto”, argumentó.
Al respecto, desde la Provincia indicaron que hay oficinas como IOMA y el IPS que son autónomas, pero que estiman que insumen $ 1.500 millones anuales en alquileres, una cifra a la que hay que agregarle mantenimiento y refacciones que se realizan “todo el tiempo en locales tan viejos”.
“No entiendo las críticas de algunos, habría que preguntarles si están en contra de que la gente resuelva en un único lugar todo el tramiterio”, señaló la ministro quioen adelantó que la iniciativa “va de la mano de la digitalización de los trámites”.
“No sé si vamos a terminar los 134 distritos antes del final de la gestión, y las Casas que se hagan será patrimonio de la Provincia para cualquier gestión”, concluyó.
