Promover nuevas leyes, mejorar el acceso al Certificado Único de Discapacidad, garantizar la participación de las organizaciones en la planificación y seguimiento de políticas públicas e implementar mecanismos de apoyo que garanticen la autonomía, son sólo algunas de las recomendaciones que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD) realizó al Estado argentino para mejorar la calidad de vida de esta población.
Las recomendaciones fueron emitidas recientemente tras la evaluación periódica que el CDPD realiza sobre cómo el país implementa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en base a dos informes: el del Estado nacional y el alternativo elaborado por 26 organizaciones de personas con discapacidad, organismos de derechos humanos y universidades nacionales.
“Uno de los aspectos que marcamos en el informe alternativo es la necesidad de una nueva Ley de Discapacidad, que en la Argentina data del año 1981, que debe ser adecuada al modelo social de la discapacidad, que es el que establece la Convención”, indicó a Télam Gabriela Troiano, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la organización que coordinó el informe. Y continuó: “Esto significa que las dificultades que encuentran las personas con discapacidad para desenvolverse en la vida cotidiana son las barreras que la sociedad le impone, tanto físicas como estructurales, actitudinales y comunicacionales que hacen que las personas con discapacidad no accedan a los derechos de la misma manera que el resto de la sociedad”.
En efecto, la primera recomendación que realizó el CDPD en su documento es que la Argentina debe “armonizar su legislación y políticas públicas de discapacidad a nivel federal, provincial y local con la Convención, incluyendo la aprobación de una nueva ley alineada con el modelo de derechos humanos, así como la reforma de la normativa sobre prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral para las personas con discapacidad y el sistema de certificación de la discapacidad”.
Troiano señaló a Télam que “uno de los aspectos centrales es que toda política pública debe ser consultada con las organizaciones de personas con discapacidad, y en este sentido observamos una carencia bastante importante. Por ejemplo, las personas con discapacidad no fuimos tenidas en cuenta en el Censo Nacional, sólo se preguntó en qué hogares había, pero no se relevó interseccionalmente”. También en este aspecto el CDPD tomó la observación y recomendó al Estado “garantizar la participación activa y efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de legislación y políticas públicas”.
A modo de ejemplo sobre las barreras físicas, Troiano destacó que “salvo en la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades del conurbano, en el resto del país es raro encontrar colectivos con pisos bajos que permitan subir a personas usuarias de sillas de ruedas”. Y añadió: “Tampoco existe acceso a las viviendas. En cuanto a la comunicación, si bien está contemplado por ley, no encontramos audiodescripción, son muy pocas las interpretaciones en lengua de señas, la aplicación Mi Argentina donde se hacen trámites no es apta para los lectores de pantallas que usan las personas con discapacidad visual, y esto pasa en muchas páginas”.
Estos puntos también fueron contemplados por el CDPD en diferentes recomendaciones vinculadas al acceso a la información.
Otro tema clave es que de 6.5 millones de personas con discapacidad que viven en el país, sólo 1.5 tienen el Certificado Único de Discapacidad, -que es lo que permite el acceso a tratamientos, educación, rehabilitaciones, etc- como consecuencia de “la poca cantidad de juntas evaluadoras y baja capacitación en el modelo social que llevan a pedir estudios que no son necesarios. Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad de origen genético no necesita repetir el estudio cada vez que tiene que renovar el certificado, y sin embargo se pide”. Esto llevó al Comité a recomendar al Estado argentino que elimine “los obstáculos que dificultan su obtención”.
“Respecto de las políticas de género y orientadas a niñas, niños y adolescentes no hay una perspectiva de discapacidad, siendo uno de los colectivos más discriminados y con mayor índice de pobreza”, sostuvo Troiano.
Y en este sentido la CDPD recomendó -concretamente- que “en el marco del Programa Salud Sexual y Procreación Responsable” se deben “incrementar los esfuerzos para que las mujeres y niñas con discapacidad en todas las provincias puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y apropiados para la edad”.
En relación al trabajo, el Comité dijo al Estado que debe “reforzar las medidas afirmativas y los incentivos para alentar el empleo de las personas con discapacidad, en los sectores público y privado, y cumplir al menos con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público y en entidades privadas concesionarias de servicios públicos”, lo cual tampoco se cumple en la actualidad, según observaron las organizaciones.
Un capítulo aparte fueron las recomendaciones vinculadas a salud mental, en las que el Comité instó al Estado a “reformar el Código Penal Argentino y los Códigos Procesales penales pertinentes (…) a fin de evitar la privación de libertad de las personas con discapacidad sobre la base de su peligrosidad, revisar los casos de las personas internadas en cárceles”.
También recomendó “avanzar en los procesos de externación de las personas institucionalizadas, cerrar los hospitales psiquiátricos e implementar redes de atención en salud mental integrada al primer nivel de atención” y “aumentar el presupuesto para salud mental conforme a la pauta del 10% del presupuesto de salud, establecida por la Ley 26.657”.
Para todos los casos, recomendó “reglamentar la Ley 26.480 del asistente domiciliario y garantizar la disponibilidad de apoyos para la vida independiente para las personas con discapacidad en el marco de la Convención”, y “aprobar el Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad y adoptar un sistema nacional integral de apoyo y cuidados”.
Estos y muchos otros aspectos que conforman el informe alternativo y las recomendaciones del CDPD fueron presentados hoy por Troiano en una conferencia en el Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación donde también se expusieron otros dos informes alternativos elaborados por la sociedad civil.
Se tratan del Informe Alternativo presentado en la 86º Período de Sesiones del Comité de la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), y el Informe de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 5 (ODS), coordinado por Faica, presentado al Comité Nacional de Políticas Sociales y en el Primer Foro Regional de Intercambio sobre los avances de la implementación de la CDPD y los ODS.
Durante el encuentro, en el que participaron representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organismos de derechos humanos, universidades nacionales e integrantes del Estado Nacional, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, también expusieron Fabián Murúa (CELS), Juan Cobeñas (Asociación Azul) -que estuvo a través de un video-, Belén Arcucci (ACIJ), Soledad Gélvez (Faica) y Mariana Gandolfo (Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH de Córdoba).
