El bloque de Unión por la Patria (UP) anticipó que este viernes presentará un pedido de sesión especial en el Senado para el próximo jueves con el objetivo de tratar la expulsión del senador Edgardo Kueider por “inhabilidad moral”. El legislador se encuentra actualmente con prisión domiciliaria en Paraguay, imputado por tentativa de contrabando y blanqueo de capitales tras ser detenido en la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar. Junto a él también fue imputada su secretaria, Iara Guinsel Costa.
Kueider, que ingresó al Senado por el Frente de Todos en 2019 pero este año se distanció del peronismo para brindar su apoyo a La Libertad Avanza, había solicitado licencia a su cargo como consecuencia del escándalo, lo que significa la pérdida de un voto para el oficialismo en las sesiones extraordinarias.
Una jugada clave para Unión por la Patria
La eventual destitución del senador podría modificar el escenario político dentro de la cámara Alta. En caso de concretarse su salida, Kueider sería reemplazado por Stefania Cora, integrante de La Cámpora de Entre Ríos, lo que sumaría un escaño más al interbloque peronista. Con este cambio, el peronismo pasaría a tener 34 bancas, quedando a solo tres del quórum propio, una cifra que podría alcanzar con aliados estratégicos.
El pedido de sesión ingresará este viernes. Desde UP aseguraron que el fin de las sesiones ordinarias no será un obstáculo para tratarlo, ya que se trata de un asunto interno del cuerpo. Según el reglamento, para concretar la expulsión será necesaria una mayoría de dos tercios de los votos en la autoconvocatoria del Senado.
La estrategia detrás de la destitución
Unión por la Patria busca, además de fortalecer su posición en el Senado, evidenciar las posturas de los distintos bloques respecto al caso de Kueider.
“La intención es dejar al descubierto quiénes apoyan o protegen al senador imputado”, afirmaron desde el bloque opositor. Este enfoque apunta a presionar a las fuerzas políticas, incluyendo a La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, para que definan su postura pública sobre la continuidad del legislador en el cuerpo.
