La Argentina integra en la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde su creación en 1948, durante el gobierno peronista. El organismo surgió al calor de las Naciones Unidas como parte de una serie de acuerdos internacionales después de la II Guerra Mundial.
La constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948, fecha que se conmemora cada año el Día Mundial de la Salud. Salir de la OMS no será rápido ni de manera directa para la Argentina, pese al rimbombante anuncio del Gobierno del presidente Javier Milei.
Existe un compendio de leyes aprobadas por el Congreso que le dan densidad a la participación del país en el organismo internacional, más allá de las críticas infundadas del presidente y sus funcionarios por el rol del Organismo durante la pandemia del COVID.
El Gobierno deberá decidir cómo avanzar; si con una ley que derogue las normas que están en vigencia, lo cual implicaría someter la iniciativa al debate en el Congreso o que el presidente y sus ministros firmen un DNU, que podría ser derogado en el Senado y en la Cámara de Diputados, como ocurrió con el DNU que le otorgó a LA SIDE $ 100.000 millones sin control.
Cada vez que el presidente emite un DNU debe enviarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que funciona desde 2006 en el ámbito del Congreso nacional y la componen miembros de las 2 cámaras (8 senadores y 8 diputados). Para que deje de tener vigencia y sea derogado, un DNU debe ser rechazado por las dos cámaras legislativas. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido, al igual que si no es tratado por alguna. Por tanto la adhesión a la OMS es un tratado internacional y la única vía constitucionalmente válida para retirarse sería a través del Congreso Nacional.
El anuncio realizado por Presidencia expresa una intención propia del marketing que tanto utiliza el Gobierno, al que ahora agregó un seguidismo infantil a las medidas que adopta Donald Trump en EE. UU. La República tiene instituciones que funcionan y deben ser respetadas y ha adherido constitucionalmente a pactos internacionales que no pueden ser violados, más allá de las locuras del oficialismo de turno.
