Manuel García-Mansilla asumió como nuevo juez de la Corte Suprema, mientras que Lijo espera que se apruebe su licencia extraordinaria

La oposición, en particular, cuestionó la trayectoria de Lijo, quien enfrenta múltiples denuncias por mal desempeño y es percibido como cercano al Ejecutivo.

El abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla asumió este jueves como nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La ceremonia de juramento se llevó a cabo en el Salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales, con la presencia de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La designación de García-Mansilla se realizó mediante un decreto presidencial en comisión, firmado por Javier Milei el pasado 25 de febrero, ante la falta de consenso en el Senado para aprobar los nombramientos. Este procedimiento generó críticas en diversos sectores políticos y jurídicos debido a la metodología empleada.

En cuanto al otro candidato designado por decreto, Ariel Lijo, la Corte Suprema decidió postergar su juramento. La solicitud de licencia extraordinaria presentada por Lijo será tratada en el próximo acuerdo del tribunal, programado para el 6 de marzo.

Estas designaciones en comisión han suscitado debates sobre la idoneidad de los candidatos y el procedimiento utilizado para su nombramiento, eludiendo la aprobación legislativa habitual.

La oposición, en particular, cuestionó la trayectoria de Lijo, quien enfrenta múltiples denuncias por mal desempeño y es percibido como cercano al Ejecutivo.

El gobierno argumentó que la Corte Suprema, compuesta por cinco miembros, no puede funcionar adecuadamente con solo tres jueces, tras las jubilaciones recientes de dos de sus integrantes. Ante la falta de acuerdo en el Senado, el Ejecutivo optó por nombrar a García-Mansilla y Lijo por decreto, una medida contemplada en la Constitución pero considerada controvertida en el ámbito político y judicial.

La situación actual plantea interrogantes sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes en el país, en medio de un clima de tensión institucional y debates sobre la legitimidad de los procedimientos empleados para la designación de los máximos magistrados.