El Gobierno Nacional criticó la decisión de la jueza porteña Karina Giselle Andrade de liberar a los 114 detenidos durante la protesta de jubilados en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron episodios de violencia.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó en la red social X que “la justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina” y que “los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló que los barras bravas “son criminales organizados” que fueron al Congreso “a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía”. Criticó que la jueza Andrade, en lugar de investigar quién envió a esos grupos, decidió liberarlos en menos de ocho horas, y adelantó que se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones.
La jueza Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15, ordenó la liberación de los detenidos al considerar que las detenciones “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”. Destacó la necesidad de atender especialmente a sectores vulnerables, como los adultos mayores involucrados en la protesta.
Durante la protesta, la Policía de la Ciudad detuvo a 94 personas, que fueron liberadas en horas de la madrugada. De esta forma, 71 hombres y 23 mujeres se encuentran en libertad tras 24 horas de detención.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había afirmado que los detenidos podrían enfrentar hasta 20 años de prisión bajo una nueva ley antimafia.
