El Gobierno nacional decidió intervenir la empresa estatal Corredores Viales S.A., encargada de la gestión y mantenimiento de importantes rutas nacionales, como parte de su plan de privatización. La medida se formalizó mediante el Decreto 244/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La intervención responde a pérdidas significativas registradas por la empresa en 2023, incluyendo una deuda con proveedores de $142.000 millones, pérdidas acumuladas de $268.000 millones y aportes del Tesoro Nacional por $301.000 millones.
Anastasia María de los Ángeles Adem fue designada como interventora y asumirá las funciones del Directorio y su presidencia. Entre sus responsabilidades se encuentran:
- Realizar auditorías de gestión al inicio y al final de la intervención.
- Evaluar el estado financiero y operativo de la empresa.
- Presentar una rendición de cuentas detallada.
- Elaborar un plan de acción para la reformulación de la empresa, que podrá incluir modificaciones al estatuto y deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía.
Esta intervención se enmarca en el Decreto 97/2025, que autorizó la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. El proceso concluirá con la disolución y liquidación de la empresa, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas seleccionadas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el sector privado se hará cargo de la ejecución de obras y gestiones necesarias a su cuenta y riesgo, a cambio del derecho a cobrar peajes. En total, se transferirán más de 9.000 kilómetros de rutas, por donde circula el 80% del tráfico nacional.
Esta medida forma parte de la política del Gobierno de reducir la participación estatal en actividades comerciales no esenciales y promover la eficiencia en la gestión de la infraestructura vial del país.
