El Gobierno nacional oficializó este miércoles 16 de abril, mediante el Decreto 274/2025, que la Unidad de Información Financiera (UIF) dejará de actuar como querellante en causas penales vinculadas a corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La medida, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, deroga el Decreto 2226/2008, que habilitaba al organismo a desempeñar ese rol.
Según el texto oficial, la decisión busca evitar la superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal (MPF) y preservar la autonomía operativa de la UIF. El decreto señala que la participación del organismo como querellante es “un caso aislado” a nivel internacional y que su intervención en procesos judiciales podría afectar su independencia. Además, se argumenta que la duplicación de tareas entre la UIF y el MPF implica un gasto innecesario de recursos humanos y económicos.
La resolución se basa en recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que sugirió a la Argentina reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante para evitar posibles interferencias en su funcionamiento. A partir de ahora, el organismo se enfocará en requerir, recibir e intercambiar información con otras entidades públicas, resguardando el carácter secreto de las operaciones, y colaborará con el Poder Judicial y el MPF en la prevención de delitos financieros.
El decreto también establece la creación del Comité de Ciberseguridad, que estará bajo la órbita de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y tendrá como objetivo la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
