El Gobierno nacional ayer oficializó dos decretos de necesidad y urgencia (DNU 350/25 y 342/25) que generaron un fuerte rechazo de abogados laboralistas, referentes gremiales y sectores de la oposición, al considerar que avanzan sobre el derecho constitucional a huelga y habilitan la intervención estatal en sindicatos.
Los decretos incluyen como servicios esenciales al transporte de cargas, portuario y aerocomercial, imponiendo la obligación de garantizar entre el 50% y el 75% de la prestación en caso de conflictos laborales.
En el caso del transporte ,ahora clasificado como servicio esencial, el DNU establece que no podrá negociarse una cobertura menor al 75% durante medidas de fuerza. Para las actividades consideradas de “importancia trascendental”, el piso será del 50%. Esto debilita de hecho el derecho de huelga, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo que extiende la categoría de “servicios esenciales” a casi toda la actividad productiva y de servicios del país, una disposición similar a la del DNU 70/2023 que ya fue declarado inconstitucional por la Justicia Nacional del Trabajo.
El rotundo rechazo de abogados y políticos
El abogado laboralista Gustavo Ciampa advirtió que el Ejecutivo no tiene potestad legal para legislar sobre este tipo de materias vía decreto: “El DNU es inconstitucional y no tiene precedentes. Además, el transporte no es considerado un servicio esencial por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que limitar el derecho a huelga en este sector implica una violación directa a normas internacionales con jerarquía constitucional en Argentina”.
En la misma línea, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, denunció que “se prohíbe hacer huelgas” bajo un pretexto técnico: “La finalidad del concepto de ‘servicio esencial’ es asegurar la vida o la salud de la población, no prohibir medidas gremiales”.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño llevó el tema al recinto durante la fallida sesión de ayer miércoles en Diputados, y llamó a las centrales sindicales a impulsar un plan de lucha. “Instamos a toda la clase trabajadora a unificar los reclamos. No puede ser que se prohíba el derecho a huelga por decreto. Hay que terminar con las facultades delegadas al Presidente”, sostuvo.
