El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires presentó este jueves una denuncia judicial contra el complot policial que involucraba a 24 efectivos de la fuerza bonaerense, quienes trabajaban para favorecer la campaña electoral del comisario Maximiliano Bondarenko, cabeza de lista de la alianza de libertarios y PRO en la tercera sección electoral.
La presentación recayó en el fiscal de turno subrogante Álvaro Garganta, quien está a la espera de recibir toda la evidencia recopilada para determinar si impulsa la acción penal contra los uniformados involucrados.
El caso comenzó con una denuncia anónima que llegó a las autoridades policiales, quienes dieron intervención a Asuntos Internos de la Policía bonaerense. Esto desencadenó una auditoría interna que incluyó el análisis de computadoras de los denunciados y una reconstrucción de sus movimientos.
Según la Provincia, la investigación administrativa confirmó la veracidad de la denuncia anónima. Se detectó que los policías realizaban reuniones en dependencias oficiales – no comisarías, sino oficinas de mandos altos y medios – donde, durante el horario laboral, trabajaban “en función de las necesidades del candidato” libertario, según revelaron fuentes del gobierno provincial.
Evidencia encontrada y planes futuros
La auditoría interna comprobó la existencia de material comprometedor en las computadoras e impresiones en papel que contenían planes de trabajo electoral, no solo para las elecciones pasadas sino también proyectando hacia 2027. En esta documentación se especificaba cómo trabajar el tema seguridad, qué cambios implementar, a quién promover y a quién pasar a retiro.
Además, la denuncia menciona que los uniformados habían preparado proyectos de ley en materia de seguridad para La Libertad Avanza que serían presentados en la Legislatura en caso de que Bondarenko resultara electo.
Entre la documentación conspirativa se encontró una lista de lugares con integrantes de la fuerza policial que podrían colaborar en caso de iniciarse un clima de descontento por reclamos salariales, incluyendo nombres específicos y ubicaciones donde podrían desarrollarse estas actividades de agitación policial.
“La policía no puede hacer actividad política partidaria en dependencias policiales. Es apartidaria y no puede sindicalizarse”, afirmaron desde la administración provincial, subrayando la gravedad de las conductas investigadas.
Como resultado de la investigación interna, los 24 policías involucrados fueron suspendidos, mientras que ahora el caso pasa a la órbita judicial para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El fiscal Garganta deberá evaluar si la evidencia recopilada es suficiente para formalizar los cargos contra los efectivos que habrían conspirado para influir en el proceso electoral y desestabilizar la gestión provincial.
