La Cámara Federal de Casación Penal declaró inconstitucional el Decreto 608/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilitaba la extinción de la acción penal contra empresarios condenados en la causa conocida como “Cereal Negro”, vinculada a maniobras ilegales con grandes firmas como Vicentin, Cargill y Bunge Argentina.
La decisión fue tomada por la Sala II, con los votos de Alejandro W. Slokar y Ángela Ledesma, y la disidencia de Guillermo Yacobucci, tras hacer lugar a los recursos presentados por la AFIP y el Ministerio Público Fiscal. El tribunal calificó como “arbitraria” la resolución previa del TOF 2 de Córdoba, que había beneficiado a los imputados bajo la aplicación de la Ley 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.
En su voto, Slokar cuestionó la constitucionalidad del decreto y advirtió que el Poder Ejecutivo “excedió sus facultades” al reglamentar una norma en un sentido que no había sido debatido por el Congreso. El magistrado alertó sobre el riesgo de “democracias delegativas y autocracias electivas” si se desnaturalizan los límites que establece la Constitución.
La investigación judicial determinó que los condenados habían montado un esquema para comprar cereal en negro y blanquearlo mediante sociedades ficticias, a nombre de prestanombres insolventes. Con ese circuito, defraudaron al fisco por sumas millonarias, adquiriendo inmuebles y vehículos de alta gama.
El fallo significa un duro revés para la política fiscal del Gobierno, que en los últimos meses impulsó medidas de blanqueo y alivio impositivo a grandes contribuyentes, en paralelo a ajustes en partidas sociales y previsionales
