La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado expresó este martes su apoyo a los periodistas censurados por el Gobierno nacional en el marco de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Durante una conferencia de prensa, los legisladores calificaron los hechos como de “extrema gravedad” y advirtieron que se trata de una situación “nunca antes experimentada en democracia”.
“Nosotros como senadores y senadoras nacionales debemos tutelar la Constitución Nacional, por lo tanto expresamos que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo en este caso, bajo la firma del Presidente y la Ministra de Seguridad es anticonstitucional”, afirmó la senadora de Convicción Federal, María Carolina Moises.
En la misma línea, agregó: “Es nuestra responsabilidad generar las garantías y derechos de los periodistas y medios de comunicación, tutelando la libertad de expresión, de prensa, empresa y, sobre todo, la libertad de los ciudadanos de comunicarse por los medios que elijan de una forma sin condicionamientos”.
Por su parte, el radical Pablo Blanco subrayó que la conferencia se realizó “en defensa de una libertad y bajo ningún punto de vista podemos permitir este tipo de atropellos que está llevando el Ejecutivo, hace bastante tiempo incluso con calificativos hacia todo aquel que piensa de manera distinta”.
Avance judicial contra Rial y Federico
En paralelo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich solicitó a la Justicia Federal que se allanen los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, luego de que difundieran los audios de Karina Milei.
La presentación, realizada por el abogado Fernando Soto “por indicación expresa” de Bullrich, argumentó que la divulgación de las grabaciones privadas constituye un hecho de “gravedad inusitada”.
En simultáneo, el juez Patricio Maraniello dictó un fallo que prohíbe difundir los audios que involucran a la hermana del Presidente. La resolución ordena frenar su publicación en medios escritos, audiovisuales y redes sociales, tras la denuncia del Gobierno que calificó el hecho como una “operación de inteligencia ilegal”.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se trató de un plan para desestabilizar al Gobierno en plena campaña electoral: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°12, a cargo de Ariel Lijo, con la intervención de la Fiscalía Nº4, liderada por Carlos Stornelli, bajo la carátula de presunta violación a la Ley 22.520 de Inteligencia Nacional.
