La Cámara de Diputados debatió este miércoles la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia y dejó una foto ambigua: la oposición se impuso en la votación general con 140 votos a favor, pero fracasó en la votación en particular del artículo 3, la cláusula que definía la vigencia de los decretos. El texto requería 129 votos por tratarse de mayoría absoluta y quedó a dos voluntades de alcanzarla. Con ese traspié, el proyecto perdió el envión y el oficialismo respiró aliviado, al menos por ahora. El resultado obligó a recalcular estrategias en ambos frentes de la grieta parlamentaria.
El punto de quiebre fue el artículo 3, que fijaba un plazo de 90 días para la vigencia de los DNU, obligando al Poder Ejecutivo a conseguir la aprobación de ambas cámaras dentro de ese período para mantener sus efectos. La oposición consideró esa cláusula como el corazón de la reforma, por su potencial para reducir el margen discrecional del Ejecutivo al recurrir a decretos. La caída del artículo dejó descabezada la arquitectura del proyecto y expuso las limitaciones de una mayoría heterogénea que no logró sostenerse en el pliego fino. La sesión cerró con pases de factura cruzados y con la certeza de que cada voto contaba.
El resultado se leyó como una victoria pírrica para el Gobierno, que ganó tiempo mientras el tema volvió al Senado, donde podría tratarse nuevamente, posiblemente después de las elecciones. Para que la reforma se convirtiera en ley, todos los artículos debían ratificarse sin cambios respecto de la media sanción del cuerpo de origen. Al no prosperar el texto clave, el oficialismo evitó una modificación sustantiva del régimen y se aferró al statu quo. Con ese margen, la Casa Rosada confió en administrar la coyuntura en el tramo que resta del calendario electoral.
Qué proponía la reforma a la ley 26.122
La iniciativa opositora apuntó a modificar la ley 26.122 con tres ejes principales. Primero, habilitó la derogación con una sola cámara, de modo que el rechazo del Senado o de Diputados bastara para anular un decreto. Ese cambio alteró el equilibrio vigente, que hasta ahora exigió el rechazo de ambas cámaras para invalidar un DNU. Para sus impulsores, la novedad fortalecía el control parlamentario y alineaba el mecanismo con el principio de frenos y contrapesos.
El segundo eje fue el plazo de vigencia: los decretos tendrían una validez de 90 días, dentro de los cuales el Ejecutivo debería obtener la aprobación de ambas cámaras para que sus efectos continuaran. La cláusula buscó evitar que un DNU se prolongara indefinidamente por inacción legislativa. Esa fue, precisamente, la disposición que no alcanzó la mayoría absoluta. Sin esa columna, la reforma perdió fuerza y dejó al descubierto las diferencias tácticas dentro de la propia oposición.
El tercer componente fue la regla de materia única, que prohibió que un mismo decreto tratara más de una materia, una respuesta directa a la experiencia del DNU 70/2023. Con esa limitación, los bloques promovieron instrumentos más acotados y controlables, evitando “ómnibus” normativos de amplia extensión. La intención declarada fue ordenar el uso del decreto para casos puntuales, preservando al Congreso como ámbito natural de la legislación.
En el terreno político, la oposición defendió la reforma con el argumento de que no se trató de un ataque al presidente Javier Milei, sino de un fortalecimiento institucional. En el recinto, varios referentes hablaron de poner límites a un “instrumento discrecional” y de forzar una “democracia de consenso” en tiempos de minorías parlamentarias. La apuesta fue plantear un estándar que trascendiera coyunturas y partidos. La imposibilidad de sostener el artículo 3, sin embargo, dejó la sensación de oportunidad perdida.
Los aliados del gobierno
Del otro lado, el oficialismo y sus aliados del PRO calificaron el proyecto como “destituyente” y lo leyeron como una maniobra para “desestabilizar al Gobierno”. Recordaron que el esquema actual del régimen de DNU fue creado y utilizado por administraciones peronistas y acusaron a la oposición de hipocresía. Con esa línea, alinearon a propios y aliados detrás de la defensa del instrumento y buscaron exhibir las contradicciones del frente opositor. La caída del punto central de la reforma reforzó esa narrativa.
Las posiciones intermedias también jugaron su partido. Sectores de la UCR y de la Coalición Cívica reconocieron la necesidad de acotar el uso de decretos, pero cuestionaron el “oportunismo” y la “doble vara” de quienes exigieron a un gobierno en minoría lo que no aplicaron cuando contaron con mayorías propias. Algunas voces propusieron aplicar los cambios a partir de 2027, para despejar suspicacias y consolidar reglas hacia adelante. Ese matiz resultó clave a la hora de contar porotos en la votación fina.
Con el expediente de vuelta en el Senado, el escenario quedó abierto. La oposición deberá recomponer una mayoría capaz de sostener los artículos neurálgicos si pretende reactivar la reforma sin concesiones. El oficialismo, por su parte, buscará administrar los tiempos y capitalizar el traspié ajeno, con el argumento de que el marco vigente garantiza gobernabilidad.
